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Finalmente y tal como estaba previsto, la Cámara Baja aprobó la prórroga de esta crucial norma para los pueblos indígenas. Al igual que en el Senado, la aprobación fue por unanimidad

Más allá de las dudas, versiones, inquietudes e incertidumbres, la Cámara de Diputados cumplió ayer con un fuerte reclamo de los pueblos originarios y convirtió en ley, por unanimidad, la tercera prórroga de la Ley 26.160.

Tal como venimos informando en las sucesivas ediciones de ElOrejiverde, los debates parlamentarios acerca de esta imprescindible prórroga se dieron en un contexto atravesado por distintos conflictos territoriales, con un pico de gravedad por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en ocasión de una represión de un escuadrón de Gendarmería a un corte de ruta de mapuches en Cushamen, Chubut.

Lograr la prórroga era fundamental debido que existe en la Argentina una mora de décadas en la resolución de las tierras y territorios indígenas. Esta iniciativa suspende los desalojos en tierras habitadas por los originarios mientras el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) continúa y culmina el relevamiento catastral de las comunidades. La Ley que ya lleva 11 años de vigencia y que vencía el próximo 23 de noviembre, regirá así por otros cuatro años.

De acuerdo con la información suministrada por el INAI existen un total de 1532 comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el procedimiento culminado, es decir, apenas el 30%.

La urgencia en el tratamiento de prórroga de esta ley contra los desalojos y para la finalización del relevamiento se debía a que el 23 de noviembre próximo vencía el plazo que protege las comunidades, lo cual motivó constantes reclamos, movilizaciones y un acampe frente al Congreso Nacional. En el Senado, la iniciativa había sido aprobada también por unanimidad el 27 de septiembre pasado.

Un debate intenso

En un debate que duró casi tres horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley por 214 votos afirmativos la tan ansiada prórroga hasta el 23 de noviembre de 2021. Y si bien la votación fue por unanimidad, ello no fue óbice para que se plantearan en el recinto diversidad de posturas.

El miembro informante del proyecto fue Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General, mencionó que en el país “viven más de 30 pueblos indígenas, que representan entre el 2,4 y el 3 % de la población, organizados en 1.600 comunidades”.

“Quedan por relevar más de un 70% de sus tierras. Esperamos que sea la última prórroga; hay muchos pueblos originarios que están esperando tener certezas sobre los derechos de las tierras que ocupan”, dijo Lipovetzky. “La prórroga es muy importante, tenemos que avanzar hacia verdaderas políticas de diálogo y articulación con los pueblos originarios”.

Por su parte, el diputado Jorge D´Agostino, de la Unión Cívica Radical, se mostró de acuerdo con el proyecto pero expuso sus reparos sobre la prórroga. “Debería ser una ley que se incorpore a los tratados internacionales, para consensuar con los indígenas en la conceptualización sobre qué es un pueblo originario”, afirmó. Y enfatizó que “hay que terminar con la prórroga eterna”.

El diputado Eduardo Amadeo, de Unión PRO, manifestó que “no es cierto que la única vía para la resolución de estas problemáticas sea el conflicto”. “La ley que estamos prorrogando es resultado de un fracaso, no lograremos hacer valer los derechos de los pueblos originarios con bombas molotov”, resumió.

El Frente para la Victoria planteó críticas a la actual gestión de gobierno, entre ellas la del diputado Santiago Igón que denunció que “desde el 2015 al 2017 no se entregó un solo título de propiedad comunitaria”. “A lo largo de este año hemos visto el maltrato y la vejación hacia los pueblos originarios”, criticó. “Ojalá sea la última prórroga; debemos respetar la Constitución Nacional donde se incluye a los pueblos originarios como tales”.

El diputado Darío Martínez, también del FPV dijo que en Neuquén “ha generado angustia que no se haya avanzado en los relevamientos”. “No alcanza con la prórroga porque hay que dotarla de partidas presupuestarias y de equipos técnicos”, agregó.

Adriana Nazario, diputada de Unidos por una Nueva Argentina, dijo: “Hace más de diez años que está en emergencia este tema. Es muy urgente que lo resolvamos, tendrán que funcionar las auditorías para que las cosas se hagan”.

Por el bloque Justicialista, el diputado Pedro Rubén Miranda adelantó la postura favorable de su bancada y pidió a las Comisiones y al Jefe de Gabinete informes acerca del avance sobre el cumplimiento de la ley.

En nombre del Peronismo para la Victoria, la diputada Silvia Horne respaldó la normativa, pero criticó que “están faltando las voces de los protagonistas; estamos haciendo interpretaciones con la ausencia expresa sobre quienes estamos legislando”.

“En Río Negro se relevó el 50% del territorio: es la presencia de la lucha indígena la que posibilita la prórroga por cuatro años. Este Congreso tiene una deuda histórica con los pueblos originarios”, sostuvo Horne.

Asimismo, los bloques de Libres del Sur, Proyecto Sur, Compromiso Federal y del Partido Socialista también apoyaron la media sanción que extiende la ley. “Esperamos que el Estado nacional y las provincias cumplan con sus objetivos”, apuntó Alicia Ciciliani (PS)

El Frente de Izquierda, representado por el diputado Pablo López, denunció que “hay empresas que se quieren quedar con las tierras de los pueblos originarios”. “Hemos tenido una brutal represión al pueblo mapuche que terminó en la muerte de Santiago Maldonado. Esta ley garantiza un amparo y permite ganar tiempo a los pueblos por el derecho a su tierra”, afirmó López.

Un paso más, ahora hay que saldar la deuda histórica

Se ha dado un paso muy importante que lleva tranquilidad a las comunidades originarias pero no deja de ser un paso. Necesario pero no suficiente. Lo será cuando el Estado finalice los relevamientos territoriales y las comunidades indígenas de la Argentina sientan la seguridad que hoy no tienen en sus tierras y territorios.

Concretar la propiedad comunitaria es una meta imprescindible de alcanzar. Incluso con la incorporación -en aquellos casos críticos que así lo ameriten- de nuevas metodologías como los Círculos de Diálogo a la manera ancestral, con la participación de las diferentes partes involucradas y siempre con el espíritu de resolver definitivamente la deuda histórica que el Estado y la sociedad tienen para con los pueblos indígenas.

Por ElOrejiverde

Fuente:
Congreso Nacional, Cámara de Diputados
Fecha: 9/11/2017

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