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El crimen de Rafael Nahuel es un nuevo punto de inflexión que pone a los originarios ante la disyuntiva de fortalecer el camino de la paz y el diálogo o ser arrojados a la sinrazón de la violencia

El asesinato del paisano Nahuel es un nuevo mazazo sobre los pueblos indígenas, con una sensación de que se avanza un paso y se retroceden diez. Pero también nos obliga a la reflexión, quizás más que nunca, en un momento muy delicado del devenir de los originarios.

Responsabilidades del Estado y del Gobierno

Más allá de que aún no contamos con toda la información, y que no sabemos exactamente qué y cómo sucedió, las responsabilidades de este incidente trágico son primariamente del Estado y del Gobierno, porque se produce en el contexto de un operativo de represión de fuerzas federales. Al cierre de esta edición estaría confirmado que la bala es compatible con las utilizadas por el grupo Albatros de Prefectura interviniente en el hecho.

Es inadmisible a esta altura de los acontecimientos que el Estado no arbitre los medios para solucionar estos conflictos por el camino del diálogo. Y resulta inconcebible que cuando ordena intervenir a las fuerzas federales estas no puedan actuar sin que medie la muerte de personas. Es imperdonable, aún aunque hubiera habido personas armadas, que estas fuerzas no tengan la pericia para aplicar con éxito otras metodologías.

Por lo tanto rechazamos la ausencia de políticas públicas que procuren el entendimiento con los pueblos indígenas, incluso con aquellos grupos minoritarios que no son expresión de su conjunto y condenamos la metodología exclusivamente violenta de las fuerzas represivas, solicitando al Gobierno y al Estado que las ponga bajo control, neutralizando su evidente impericia en el mejor de los casos. Y que por supuesto si este asesinato es de su responsabilidad, sean identificados, juzgados y debidamente condenados los culpables.

Vía violenta o camino de la paz

Desde que recrudecieron los conflictos territoriales en la Patagonia, con el protagonismo del lonko Facundo Jones Huala, la aparición de la RAM y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en estas páginas hemos defendido la legitimidad de los reclamos de los hermanos pero no su opción por la violencia. En el mismo sentido se pronunciaron las más importantes organizaciones indígenas de la Patagonia y los mapuches de Cushamen.

Ahora, ante este crimen se han escuchado voces que “validan todas las formas de lucha”, reivindicando otra vez la vía violenta. Comprendemos el dolor de estos hermanos y nos solidarizamos con ellos, pero ¿es la vía violenta una opción posible? Creemos -y deseamos- que no.

Y también nos preguntamos ¿Por qué los hermanos deciden avanzar por la vía del conflicto cuando la inmensa mayoría de las comunidades quieren la paz? ¿Se ha consultado a los Mayores antes de poner en práctica estas metodologías? Son preguntas para los que no tenemos por ahora respuestas pero aún hay otras: ¿Quién gana con el enfrentamiento? ¿Están preparados los indígenas para una lucha como la que proponen estos hermanos?

No solamente no están preparados sino que no la quieren. Ellos saben muy bien de la violencia que han sufrido por generaciones: genocidios, etnocidios, destrucciones comunitarias que aún resuenan en la memoria. Para estos pueblos el camino de la violencia en un contexto democrático como el actual es decididamente algo superado, aún a costa de que el Estado y el gobierno prosigan con acciones represivas y pésimamente implementadas.

Una lucha que logró avances notables en la legislación

La conferencia de prensa del lunes 27 ofrecida por los ministros Bullrich y Garavano presentó -además de peligrosas definiciones- vacíos alarmantes en cuanto a poner en el debido contexto la realidad del mundo indígena. Se habló mucho de seguridad y represión y casi nada acerca de la vasta legislación que desde hace décadas defiende los derechos de estos pueblos, que pocas veces los sucesivos gobiernos pusieron en práctica.

El Estado argentino ha mostrado durante décadas una llamativa ausencia en el tema, no ha solucionado la crítica cuestión de las tierras y los territorios y las consecuencias de esta falta de voluntad política ha tenido consecuencias muy negativas a las que se suma ahora el surgimiento de estos brotes de violencia que sacuden la habitualidad a la que estábamos acostumbrados.

A pesar de estos permanentes contratiempos, en estos 35 años de democracia y en un contexto internacional muy favorable, si hay algo para destacar de las comunidades y organizaciones indígenas es el logro de un marco legal de avanzada producto de la lucha incansable de sus líderes que siempre optaron por la vía constructiva del diálogo dentro de los marcos del estado de derecho, opuesta a situaciones de confrontación y violencia que hoy ponen en peligro estas conquistas ante el riesgo cierto de la vulneración de derechos.

Veamos en una rápida recorrida las más importantes disposiciones del periodo:

-Ley 23302 Sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes; creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (1985)
-Ley 24071 Ratificatoria del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas (1992).
-Reforma Constitucional de 1994 e inclusión del art. 75 inciso 17, que reconoció la " preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”
-Ley 24544 Aprobación de Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos indígenas de América Latina y el Caribe (1995)
-Ley 24956 Incorpora la temática de autoidentificación de identidad y pertenencia a comunidades aborígenes al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 (1998)
-Ley 25517 Disposición de los restos mortales que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas a las comunidades indígenas de las que sean parte (2001)
-Ley 25607 Difusión de los derechos indígenas (2002)
-Ley 25743 Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico (2003)
-Ley 26160 Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Suspensión de los desalojos en territorios ancestrales indígenas hasta tanto no se hayan realizado los correspondientes relevamientos (2006 prorrogada en 2009, 2013 y 2017)
-Ley 26206 Incorpora a Modalidad Intercultural Bilingüe en la educación nacional (2006)
-Ley 26522 Servicios de Comunicación Audiovisual, promueve la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los pueblos originarios y las formas de financiamiento (2009).
-Decreto 1584 modifica la denominación del 12 de octubre como Día de la Raza por el día del Respeto a la Diversidad Cultural (2010)

A toda esta larga nómina habría que agregar la profusa legislación y disposiciones internacionales que amplían el marco de derecho de los pueblos indígenas entre los cuales la Consulta Libre, Previa e Informada es un requisito fundamental que los Estados deben implementar cuando están involucrados los territorios de las comunidades.

Pueblos indígenas, diversidad y valores

La Argentina tiene hoy más de treinta pueblos originarios con una cifra estimada de dos millones de personas, con una gran variedad de culturas a lo largo de sus más de trece mil años de historia.

Muchas de las comunidades pasan por situaciones todavía muy difíciles en materia de salud, educación, tierras, destrucción del medio ambiente, discriminación, pero muchas otras están en sus territorios siguiendo el mandato de los Antiguos, celebrando sus ceremonias, sostenidas en su eje. Todas saben que en el tesoro de sus identidades y cosmovisiones radica el secreto de su pasado, su actualidad y su futuro.
Hoy estamos en un punto crítico en la relación indígenas-Estado-sociedad. Y sería muy importante que se eviten las generalizaciones muchas veces insultantes hacia los originarios. Por el contrario sería imprescindible tomar consciencia de sus valores, aquellos que no solo los han preservado a lo largo del tiempo sino que ya se han convertido en enseñanzas para todas las personas: el honrar a la Madre Tierra y a todos sus seres vivientes; el respetar a los mayores y los niños; el revitalizar la espiritualidad y reconectar con el Universo; el fortalecer el sentido comunitario de la vida.

El Estado y gobierno argentino tienen hoy que hacer lo suyo, tomando la decisión clara de respetar y hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas, cesando todo tipo de represión e intimidación, y poniendo en marcha políticas públicas consensuadas con los paisanos.

En cuanto a los hermanos que proponen una vía confrontativa deseamos que puedan reflexionar y encontrar en los espacios del diálogo la solución de los problemas, tal como la inmensa mayoría de los hermanos así lo han decidido. Al cierre de esta edición se ponía en marcha una mesa de diálogo con la participación de representantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, del gobierno nacional a través del INAI, de la Iglesia, organizaciones sociales y de derechos humanos y la Universidad Nacional de Rio Negro.

Ha corrido ya demasiada sangre en esta tierra. Es imperioso trabajar contra la violencia, venga ella de donde venga, para poder construir una sociedad en paz, que respete el valor de la diversidad y permita que todos nos encontremos, en convivencia con el otro.

Rafael Nahuel tenía 21 años y desde el sábado pasado se convirtió en un nuevo mártir ¿Era necesario?

Por ElOrejiverde
Fecha: 29/11/2017

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