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La última semana el gobierno argentino delineó algunas políticas públicas hacia los pueblos indígenas en un escenario de conflictos pendientes y preocupantes preguntas aún sin respuestas

Días atrás, el qarashé Félix Díaz realizó duras declaraciones que ameritaron que nuestro diario lo entrevistara. Simultáneamente llegaban a nuestra redacción un petitorio dirigido al gobierno de la provincia de Salta ante la crítica situación de algunas comunidades así como una denuncia de las Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA en alerta por el desamparo en que se encuentran por parte del Estado.

El día 12 a su vez, esos organismos nacionales y tres gobernadores de la Patagonia suscribieron un documento en el que se plantearon algunas políticas públicas hacia los indígenas de esa región.

Ahora bién, llama la atención que al día de hoy no se informe claramente desde las fuentes oficiales sobre conflictos muy serios como el de Villa Mascardi: que no sepamos aún quien mató a Rafael Nahuel cuando si sabemos de la desafortunada intervención de las fuerzas federales en el hecho criminal; que no sabemos si existe la Mesa de Diálogo y cuáles son sus avances; no conocemos de parte de las autoridades nacionales y provinciales que sucede con los otros conflictos de la Patagonia con comunidades mapuches y por supuesto, muy poco y nada se sabe acerca de lo que está pasando en el resto del país con decenas de comunidades indígenas que en situaciones críticas aún esperan por parte del Estado respuestas a sus demandas y legítimos derechos. Pero vayamos por partes.

Petitorio al Ministerio de Salud de la provincia de Salta

Una treintena de caciques y referentes solicitaron la semana pasada al Gobierno de la Provincia de Salta y al Ministerio de Salud, abastecer de insumos y medicamentos a los diferentes Centros de Salud, hospitales y salitas de Tartagal y la zona del Chaco.

“Necesitamos especialistas idóneos, 3 neurólogos, 3 neurocirujanos, 3 oncólogos, 3 hematólogos, 3 flebólogos, 3 reumatólogos, 3 otorrinolaringólogos, 10 pediatras especializados (no empíricos), 5 médicos terapistas, 5 traumatólogos, 3 cirujanos infantiles. 5 médicos especialistas en ginecoobstetricia, 3 urólogos, 3 endocrinólogos. Que se hagan estudios de ecografías abdominales y ginecológicas las 24 horas. Que se implementen más aparatos para ecografías. Necesitamos que las guardias que realizan los especialistas sean guardias activas y que los mismos permanezcan en el lugar del trabajo y den buen trato a los pacientes”.

Las críticas situaciones sanitarias por las que pasan estas comunidades han hecho que en el petitorio se requieran “ambulancias de alta complejidad y dos aviones sanitarios a disposición, un Hospital Materno Infantil con Terapia Intensiva y con espacios para la investigación científica de Universidades y terciarios así como un espacio de albergue para la familia de los pacientes”.

En cuanto a la interculturalidad el documento solicita “que se incorporen bilingües sanitarios, 5 wichis, 5 guaraníes, etc. y que se capacite a los profesionales médicos en el trato cultural a los miembros de comunidades aborígenes (antropología médica). Que se considere a las parteras aborígenes, se investigue en materia de medicina ancestral y se incorpore dicho conocimiento a la medicina tradicional o científica”.

Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA en Alerta

Con fecha 08 de enero estas Organizaciones de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, manifiestan su preocupación por el “incumplimiento” de los compromisos asumidos hace más de un año, por funcionarios nacionales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, pactados de palabra y en “Acta Acuerdo ” y con temas específicos de cada Organización, firmada con las autoridades indígenas el 07 y 08 de diciembre del 2016 en acampe frente al Congreso de la Nación y el 12 de abril del 2017 en Comunidad Auqajkuna, Territorio Ancestral del Pueblo Tonokote, Santiago del Estero.

El documento enumera una serie de demandas incumplidas por parte de los organismos nacionales declarándose en alerta por la “violación sistemática de la aplicación del Derecho Indígena, los tratados internacionales vigentes sobre Derechos Humanos e Indígenas, teniendo los mismos Jerarquías constitucionales”.

Más adelante hacen “responsables al Estado Argentino, por instalar una política económica y financiera asfixiante que afecta a todos por igual, ya que el mismo avanzó también sobre las Políticas Públicas Indígenas, suprimiendo presupuestos destinados a solventar los Servicios Jurídicos Indígenas, con ello promoviendo la desigualdad de derechos, permitiendo a los terratenientes ejercer con violencia el destierro y desalojo, incrementando la apropiación usurpadora de Territorios de los Pueblos y Naciones Originarias Preexistentes al Estado Nacional y poseedores ancestrales de los mismos.-

Se advierte ante la “criminalización a los reclamos de nuestros derechos como pueblos preexistentes” y se denuncia la “ausencia de un diálogo Intercultural y participación efectiva a la Consulta Previa de las Organizaciones Indígenas”.

Recuerdan estas organizaciones que en el Poder Legislativo “duerme el sueño de los Dioses el proyecto de ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que espera ser tratado en el Congreso Nacional para su aprobación, postergando a las comunidades la obtención del título de las tierras comunitarias”. Advierten en este sentido que “el retraso de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, agravará los conflictos territoriales que se dan en gran escala en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago de Estero, Formosa y Chaco donde residen más del 70 % de del total de las comunidades indígenas”.

Más allá de estas denuncias y muchas otras que se enumeran, las organizaciones seguirán “apostando al dialogo intercultural, con presentaciones de propuestas claras y concisas, con el solo objetivo del buen vivir y vivir bien”.

Firman “Organizaciones de Pueblos Indígenas Región NOA (OPI-NOA): Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes Pueblo Ocloya, Jujuy/ Organización Tigre Azulado de Comunidades Indígenas Nación Guaraní, Salta/Consejo de Comunidades Pueblo Iogys, Salta/ Consejo Continental Nación Guaraní, Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil/ Consejo Nación Tonokoté Llutki, Santiago del Estero/ Organización Indígena Tewok Pueblo Wichi, Salta/ Comunidad India Quilmes, Tucumán/ Pueblo Omaguaca, Jujuy/ Consejo del Pueblo Tastil, Salta”

Declaración del gobierno nacional y tres gobernadores de la Patagonia

Paralelamente a estos documentos indígenas, el gobierno nacional a través del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en conjunto con los gobernadores de Neuquén, Chubut y Río Negro suscribían el 12 de enero en Buenos Aires las Metas de la Política Nacional de Pueblos Originarios en el marco del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2017-2020 (PNADH)

Entre otros considerandos el documento sostiene “que la Argentina es un país con una gran diversidad cultural, donde cohabitan 34 etnias, con 1604 comunidades indígenas pertenecientes a diferentes pueblos originarios que son parte de nuestra identidad, y por tanto, tienen un lugar central en las agendas de los gobiernos nacional y provinciales”.

“Que sus derechos se encuentran consagrados tanto en la Constitución Nacional, como en los instrumentos internacionales de derechos humanos y sobre pueblos originarios ratificados por el Estado argentino, y en el cuerpo normativo interno vigente”.

“Declarando que:
• La prevención y al abordaje de conflictos que involucran o afectan a comunidades indígenas deben resolverse por la vía del diálogo, la convivencia y el respeto mutuo para la construcción de una Argentina unida, multicultural y en paz.
• El compromiso por impulsar los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
• Profundizar una agenda federal de trabajo en pos de la inclusión, la protección de derechos y el desarrollo integral de las comunidades indígenas del país en el marco del Consejo Federal de Asuntos Indígenas.
• Continuar y avanzar en la implementación conjunta y coordinada de los procesos de relevamiento territorial, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°26.160 y en pos de efectivizar el derecho a la propiedad comunitaria.
• Arbitrar los medios para llevar adelante procesos de consulta previa, libre e informada.
• Impulsar acciones público-privadas que incorporen un enfoque de desarrollo humano y respeto a los derechos de comunidades indígenas”.

Es de esperar que las agendas oficiales y las de los pueblos originarios puedan finalmente confluir, con la responsabilidad primaria en ello por parte del Estado del que además esperamos las soluciones a los conflictos pendientes así como las respuestas a las preocupantes preguntas que por estos días aun nos siguen inquietando.

Por ElOrejiverde

Fuentes
Félix Díaz, Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas
Néstor D. Jerez, Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes Pueblo Ocloya, Jujuy
Organizaciones de Pueblos Indígenas Región NOA (OPI-NOA)
Télam
Fecha: 16/1/2018

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