El propósito de estas líneas escritas por Morita Carrasco es recuperar la historia y memoria de quienes un día pensaron en hacer algo para alcanzar el sueño de vivir tranquilos en el lugar donde están, el mismo de aquellos que estuvieron allí antes: sus padres y abuelos.

Morita Carrasco es antropóloga y doctora con mención en filosofía del derecho por la Universidad de Buenos Aires. Desde 1981 investiga y dicta clases sobre pueblos indígenas, sus derechos, políticas indigenistas, políticas indígenas y acceso a la justicia de pueblos indígenas.

En su reciente sentencia sobre el caso 12094 Comunidades Miembros de la Asociación Lhaka Honhat vs. Argentina la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo: “El Estado de Argentina violó el derecho de propiedad comunitaria (…) el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua”. Esta situación invita a una reflexión que sin duda harán las comunidades, sus asesores técnicos, sus representantes legales, los líderes y, entre ellos, yo.

Conocí a Francisco Pérez en Santa Victoria Este (provincia de Salta, Argentina) una tarde del mes de junio de 1988. Había caminado un kilómetro desde su casa, hasta el lugar donde me encontraba alojada en el pueblo; empujaba una carretilla con tachos, para llenarlos con agua de una canilla que, por entonces, servía a las casas del pueblo. Francisco hacía ese viaje periódicamente para abastecer a las necesidades de su familia porque en Cañaveral (Kano His) no tenían de dónde sacar agua. Nos sentamos a conversar un rato sobre lo que me había llevado hasta Santa Victoria: la gente, su vida en las comunidades y el pedido de título de la tierra.

Me contó que el 26 de junio de 1984 un grupo de veintisiete líderes se había reunido en Misión La Paz para conversar sobre el tema. Resolvieron que tenían que “dar a conocer a las autoridades gubernamentales y la opinión pública en general sus legítimas pretensiones respecto a la distribución de tierras fiscales”.

El documento de la reunión, Pensamiento aborigen y declaración conjunta, resaltaba la titulación de una reserva de tierra fiscal desde el Hito Uno en su parte oeste hasta el límite con Formosa en su parte este, teniendo como límite norte el río Pilcomayo y como sur una línea imaginaria equidistante a 40 y 60 kilómetros del río: “De ninguna forma podrá aceptarse la subdivisión en parcelas (…) porque la gran mayoría del pueblo aborigen tiene arraigadas costumbres en dependencia plena de la naturaleza (…) desconociendo también por cultura, el significado de propiedad privada”.

– ¿Qué quiere decir “dependencia plena de la naturaleza”? – le pregunté.
– Que se necesita del río para la pesca y del monte para frutas y animales silvestres. También de los árboles y las plantas para elaborar productos necesarios; y como fuente de trabajo y recursos de vida. Nosotros pedíamos que no se parcele la tierra. Por suerte se paró un poco los planes del gobierno. No teníamos ninguna orientación, teníamos un médico que quería aconsejarnos y después un ingeniero agrónomo, pero cuando el gobierno supo eso los trasladaron a otra zona y nos quedamos sin asesoramiento. Nosotros explicábamos mucho el tema de la vida nuestra, mientras que el gobierno buscaba la forma de dividir a la gente – Francisco.

Quise saber un poco más sobre este pedido. Entonces agregó que durante la campaña electoral posterior a la dictadura militar, el candidato a gobernador les había ofrecido “urbanizar las comunidades” y dar a cada una un título de propiedad (individual) pero esto no era lo que el grupo de las comunidades de los cinco pueblos Iyojwaja (chorote), Komlek (toba), Nivacklé (chulupí) y Tapy’y (tapiete) estaba pidiendo.

El pedido tiene su historia. Comienza luego de otras medidas en 1966 la ley provincial 4086 autoriza la creación de reservas indígenas. En 1967 el decreto 3291 crea una reserva en Misión La Paz. En 1987 la legislatura sanciona la ley 6469 “Regularización jurídica de los asentamientos poblacionales del lote fiscal 55” a los pobladores indígenas y criollos “a través de un racional parcelamiento y equitativo proceso de adjudicación” (Art. 1) a los pobladores indígenas y criollos. En 1971 el decreto 2293 declara el lote fiscal 55 reserva indígena provincial y decreta su posterior mensura y adjudicación a las comunidades.

Fue por este encuentro con Francisco que me involucré con pasión como antropóloga comprometida en la defensa territorial de las comunidades. Me acompañaron colegas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Salta (UNSA); y el Grupo Internacional de Trabajos sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) que mostró preocupación por un informe que le envié referido a la epidemia de cólera en la zona del reclamo en 1992. IWGIA brindó su apoyo a la lucha indígena. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la cual formaba parte entonces, se sensibilizó con la demanda y aportó recursos para la realización de un video documental sobre el tema y la organización.

EN BÚSQUEDA DE UNA ORGANIZACIÓN

Los líderes comunitarios comenzaron a buscar asesoramiento para demostrarle al gobierno la consistencia técnica (en sus aspectos ambiental, sociocultural e histórico) que fundamenta la legitimidad de su pedido en la forma en que fuera expresado por los líderes comunitarios. Con la colaboración de amigos, técnicos, y organizaciones no gubernamentales se preparó un nuevo documento que fue presentado al gobierno provincial el 28 de julio de 1991. En él se ratifica el pedido de “una tierra comunitaria y en extensiones suficientes para permitir el desenvolvimiento de nuestra vida y la de nuestra descendencia. De ninguna forma aceptamos subdivisiones o parcelas porque vivimos como una sola comunidad de la naturaleza”. Además de una fundamentación legal, se presentaron tres mapas y un censo de población que dan cuenta del área de ocupación de la tierra de las comunidades antes y después de la llegada de los criollos.

– Este mapa es un mapa indígena. Cuando nosotros armamos un estudio del mapa, lo hicimos con la ayuda de los ancianos, de los que conocen muy bien su pasado. Los nombres que figuran en el mapa son nombres wichí, chorote o toba. Indican lugares que nosotros recorremos. Pusimos los nombres de los lugares en el idioma de nosotros, no están en castellano. Por eso les digo que es un mapa indígena. Nos costó mucho hacer este mapa– Francisco Pérez.

A principios del siglo XX, el Estado nacional autorizó la creación de una colonia ganadera en la zona del territorio reclamado. Varias familias se asentaron allí con sus vacas. Los lotes adjudicados como tierras fiscales nacionales pertenecían a la jurisdicción provincial. En 1909 los títulos provisorios otorgados por la Nación perdieron validez.

En las conversaciones de aquellos primeros luchadores se reiteraba una evocación al pasado: como estábamos antes, como estamos ahora.
– Contaban los viejos que antes había muchos animalitos. Ellos cazaban, dejaban que se criaran los animalitos y buscaban otros. El pescado, la miel, no se acababan las cosas seguían estando– Pastor Garay.

– Se perdió toda la riqueza. De repente no hay pasto y en el camino hay vacas. Esas son las que nos han perjudicado: no hay más plantas porque los animales cuando están brotando las plantitas no dejan– Cornelio Segundo.

En 1991 a cinco días de la asunción de un nuevo gobierno de signo contrario, el gobernador saliente dictó el decreto 2609 que dispone “adjudicar una superficie sin subdivisiones con un título único para todas las comunidades y (se obliga) a suspender la emisión de autorizaciones como la celebración de cualquier acto que implique la concesión de explotaciones forestales o agropecuarias en todo el territorio de los lotes fiscales 55 y 14. Con la esperanza de su cumplimiento, los líderes buscaron otro asesoramiento para obtener una personería jurídica como exigía el decreto. En la discusión del contenido y la redacción del estatuto trabajó Cristóbal Wallis de Asociana junto a los líderes indígenas.

La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat sentó sus bases ideológicas en la defensa y la recuperación de los recursos naturales en sus tierras. Creó un Consejo General de Caciques para la gestión y seguimiento del reclamo de título.

Primero encaró la tarea de hacer visible su reclamo en Argentina ante instituciones del Estado, Defensor del Pueblo, legisladores y en eventos académicos; también en el exterior, ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, ante el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas en la ONU. El coordinador, Francisco Pérez, fue recibido por el entonces presidente Carlos Menem, instituciones religiosas, senado de la Nación, entre otros. Se hizo difusión en la prensa local y Survival hizo una campaña en medios europeos.

NUEVOS GOBIERNOS, NUEVAS INICIATIVAS PARA OTRA LUCHA

La espera era larga y la paciencia tenía un límite. Había que hacer visible el incumplimiento de los decretos y llegar a la justicia con un recurso de amparo por obras que los gobiernos nacional y provincial estaban realizando en la zona reclamada. En 1996 más de mil personas se juntaron a la orilla del río Pilcomayo en Misión La Paz donde se estaba construyendo un puente internacional entre Argentina y Paraguay para favorecer la conexión bioceánica por vía terrestre que daría salida a la producción sojera del Mato Groso del Sur.

− El gobierno ya dio un plazo de 90 días y esta es la segunda oportunidad que le estamos dando al gobierno – Alberto Torres.
− Hay que tener paciencia – Cornelio Segundo.
− Tenemos que aguantar. Hace como seis años que hacemos reuniones y todos nuestros gobernadores hacen cosas, como el puente y no nos han consultado, el peligro es que si el gobierno no quiere entregar la tierra no vamos a tener nada para nosotros – Domingo Pérez.

El recurso de amparo fue rechazado en todas las instancias provinciales y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras los funcionarios provinciales prevalecían en sus intentos de quebrar la unidad de la organización, el aumento de la degradación ambiental por efecto del sobrepastoreo del ganado, la tala indiscriminada de madera nativa, y los furtivos alambrados eran la mayor preocupación de los líderes.

Informes técnicos del Estado nacional y provincial advertían que entre los indígenas y los criollos existía, en términos ecológicos, una exclusión competitiva entre dos formas antagónicas de uso del ambiente. “Un grupo vive de explotar irracionalmente el monte (ganadería y tala) y el otro lo explota acorde a sus ritmos de recuperación natural, lo que hace imposible que puedan convivir dentro del mismo espacio”.

En 1998 con asesoramiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2002 se fundamentó la demanda del área de ocupación tradicional con un nuevo mapa georreferenciado elaborado con aportes económicos de IWGIA y la dirección técnica de Asociana. En la recolección de la información sobre recursos y usos de cada comunidad trabajaron doce jóvenes de las comunidades que recibieron capacitación para ello. El resultado reveló que las comunidades hacían uso de un área de 530.000 hectáreas del total de 643.000 que abarcan los lotes 55 y 14.

El trámite en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos insumió innumerables reuniones de trabajo, informes de las partes, audiencias en la CIDH y años de espera. En el marco de un proceso de solución amistosa, en 2007 Lhaka Honhat cedió 130.000 hectáreas de su territorio para facilitar la reubicación de las familias criollas con ganado fuera de su área de ocupación.

El 26 de enero de 2012, luego de analizados los antecedes del caso y una vez concedida la admisión de la denuncia, la CIDH dictó su Informe de Fondo que resume los derechos violados por el Estado argentino y recomienda: la entrega de 400.000 hectáreas sin subdivisiones internas, el control de la deforestación, la remoción de alambrados, abstenerse de realizar obras en el territorio y realizar consultas previas libres informadas ante proyectos de obras públicas y otras que puedan alterar el ambiente.

Transcurridos seis años la CIDH resolvió no conceder más tiempo al Estado para efectivizar las recomendaciones y el caso fue girado para su tratamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día 14 de marzo de 2019, esta Corte convocó a las partes (Estado argentino y comunidades de Lhaka Honhat) a su sede en San José de Costa Rica para una audiencia pública. En marzo del 2020 la Corte dictó la sentencia que confirma la violación del Estado argentino de los derechos de los miembros de las comunidades de Lhaka Honhat.

Veintidós años de litigio en la Corte fueron necesarios para que los gobiernos y la justicia comprendieran y aceptaran el fondo del legítimo pedido de título en la forma como lo plantearon los líderes en 1984.

YA NO HAY MARCHA ATRÁS

No obstante la larga espera, la persistencia de los líderes en conseguir lo que deseaban favoreció el desarrollo del derecho indígena en Argentina. El CELS asociado con la lucha de los crímenes de lesa humanidad incorporó a su agenda un tema de derechos humanos antes inexistente en la institución: los derechos culturales. La Corte Interamericana tuvo la oportunidad de incluir en su jurisprudencia, además del derecho a la propiedad de la tierra, el derecho que los pueblos indígenas tienen a su identidad cultural, a un ambiente sano y a acceso al agua.

La Corte comprendió que la identidad de los cinco pueblos reunidos en Lhaka Honhat está íntimamente ligada con la libertad y la flexibilidad de su mundo social de tradición cazadora-recolectora-pescadora. Por ello, el territorio “sano” y el agua son una parte esencial para la ocupación y uso exclusivo de todas las comunidades.

– Mi bisabuelo sabía contar que en el campo había toda clase de frutas, ellos hacen troja (para guardar la cosecha estival) y después había miel y bichitos del campo. Agua ahora no hay. Hay un poquito, pero con los años y los animales ya no se ve más agua. Se junta un poquito cuando llueve, pero sólo dura unos días – Cornelio Segundo.

– Nunca habíamos tenido un problema de agua. Había lagunas como cañadas porque en las épocas lluviosas los ríos salen, entran en las lagunas y allí se queda el agua. Es como agua de represa, de una represa natural. Allí se quedan los peces y la parte donde se inunda le servía a la gente para la siembra. No había muchos animales vacunos – Francisco Pérez.

– Ahora está más difícil todavía. Como verán en el mapa donde había muchos bichos y plantas, ya no hay nada porque no hay pasto, no es como contaban los viejos que antes había mucho. De eso vivíamos y ya no hay nada – Francisco Pérez.

– Nosotros no necesitamos un mapa: el camino, los cercos, los lugares y todo lo que pueda aportar lo tenemos en nuestra cabeza. Pero el mapa es bueno porque nos ayuda para mostrar donde están los recursos. Para nosotros no tiene importancia pero para el gobierno sí – Francisco Pérez

En un sentido práctico, el empleo de una innovación tecnológica como mecanismo para la identificación de las tierras indígena benefició al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que incluyó la técnica de mapeo participativo de Lhaka Honhat como método requerido por el Programa de Relevamiento Territorial para la identificación de las tierras indígenas en todo el país según lo establece la Ley nacional 26160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria.

La larga lucha iniciada por aquellos viejos líderes no ha sido en vano. Con su visión del mundo real en el que viven han demostrado que cultural, territorio sano, agua y propiedad son inescindibles. Ese es su legado a los hijos, nietos y futuras generaciones de hijos de pueblos indígenas en Argentina.

Ahora solo resta que se cumpla la sentencia como dijo Francisco Pérez, coordinador de Lhaka Honhat, cuando se le preguntó qué esperaba de la Corte: “Queremos que se nos entregue la tierra en el lugar de nosotros para que podamos vivir tranquilos”.

Por Morita Carrasco
Foto: Pablo Lasansky
Fuente: https://www.debatesindigenas.org/notas/41-gracias-lhaka-honhat.html
Fecha: 8/05/2020