Especialistas del CONICET dialogan sobre esta temática desde sus diversas disciplinas.Evidencias arqueológicas, lingüísticas, históricas, culturales y otras demuestran la presencia continua de pueblos originarios desde la era precolonial hasta la fecha en lo que hoy es la provincia de Mendoza, afirman tres especialistas del CONICET.

“Los antepasados de los mapuche contemporáneos habitaron el actual territorio de Mendoza antes de la conquista española y su presencia ha sido continua desde entonces hasta el presente. Sectores de la sociedad de Mendoza argumentan la supuesta extinción y o extranjería de este pueblo que forma parte de Argentina y de la historia de Mendoza, con el fin de deslegitimar la reivindicación de sus legítimos derechos, que incluyen la posesión y el uso de tierras”, afirma Diego Escolar, antropólogo, investigador del CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) que hace tres décadas estudia la historia y etnografía indígena en Cuyo y otras regiones.

Por su parte, Claudia Briones, antropóloga e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa, CONICET-UNRN) destaca que el artículo 75 inciso 17 de la constitución nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. Y también resalta que “lo que todos los argentinos y argentinas debemos saber que es que, tal como prescribe el Convenio 169 de la OIT del que la Argentina es signataria, los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones (art. 33.1). De allí que sus derechos deban ser respetados en Mendoza y en todo el país porque eso es lo que mandata nuestra constitución y convenios internacionales”.

Para Beatriz Bragoni, doctora en historia, investigadora del CONICET, directora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA-CONICET), en Mendoza, y profesora titular de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, las fuertes controversias sobre la existencia o no de pueblos mapuches en los departamentos del sur mendocino recomiendan tener en cuenta cuestiones fundamentales como las evidencias materiales (arqueológicas, lingüísticas, históricas, culturales) que atestiguan la movilidad espacial, intercambios, conflictos y solidaridades de las parcialidades indígenas dispersas en los territorios y pueblos no sometidos por las autoridades coloniales entre el siglo XVI y el XVIII, así como a la recomposición de las relaciones interétnicas como resultado de las guerras revolucionarias. También indica que se deben considerar las razones que explican la filiación entre la nomenclatura clásica y aceptada de los pueblos originarios del sur provincial, puelches y pehuenches, por el vocablo “mapuche” o “pehuenche-mapuche”.

Conjunto de evidencias

Pruebas de diferente naturaleza, que son parte de los estudios de especialistas del CONICET, confirman la continua presencia mapuche hasta la fecha en Mendoza: artículos de prensa del siglo XIX, partes militares, tratados entre caciques del sur de Mendoza y autoridades del Estado argentino, memorias orales y actas bautismales de niños y niñas indígenas separados de sus familias y de su cultura durante y después de la Campaña del Desierto.

“En las fuentes históricas, hay evidencias directas de que el sur de Mendoza y lo que es el departamento de Malargüe, General Alvear y gran parte de San Rafael eran territorios indígenas libres hasta la Campaña del Desierto que se produce a partir de 1879, luego de las “campañas preparatorias” en 1878. O sea que hasta ese momento casi la mitad de la provincia de Mendoza y gran parte de la provincia de Buenos Aires, el sur de San Luis, el sur de Córdoba y de ahí hacia la Patagonia hasta Tierra del Fuego era todo territorio indígena libre”, afirma Escolar y agrega que eso está comprobado en tratados sobre fronteras, firmados incluso hasta 1875, entre caciques indígenas y autoridades de gobierno.

En esa línea, Bragoni indica que la evidencia histórica refrendada en documentos producidos por los funcionarios coloniales que tramitaron el cambio político en el territorio después de 1810 pone de relieve la naturaleza o carácter de las relaciones interétnicas en dos planos concurrentes: la política de pactos o parlamentos celebrados entre las autoridades locales y los cacicazgos indígenas para negociar la paz en base a incentivos materiales que incluían la cesión de terrenos para la labranza en las proximidades de los fuertes de San Rafael (1805) y San Carlos (situado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza), y que suponía la prestación de servicios militares eventuales por los indios oriundos del lugar o del otro lado de la cordillera.

Bragoni menciona, por ejemplo, que sobre la base de entendimientos pactados en 1816 entre los comandantes de frontera y los “caciques amigos” Carripihue y Quichudeo, el gobernador intendente, José de San Martín, en persona, encabezó la ceremonia que aceleró la rúbrica de un tratado con la “nación pehuenche” en el fuerte de San Carlos, que contó con la mediación del fraile araucano Francisco Inalicán.

Pero la participación de los indígenas en aquella coyuntura (que narró el general Miller en sus memorias publicadas en Londres en 1829) no se redujo a preservar la vigilancia de los boquetes cordilleranos ni tampoco se limitó a cumplir con el compromiso de permanecer ‘neutrales’ en la guerra entre los ejércitos patriota y realista, afirma la investigadora. “La información provista del Copiador de San Martín resulta esclarecedora de los contratos celebrados con caciques y mocetones con el fin de recolectar ganado disperso para abastecer a los hombres armados que los habilitaba a ingresar a la ciudad para cobrar los servicios prestados. La documentación también registra las gestiones de los caciques pehuenches en el suministro de hombres para los cuerpos de caballería del Ejercito de los Andes”, puntualiza la historiadora del CONICET y autora del libro “San Martín”, una biografía política del libertador” (Editorial Edhasa).

“A partir de la Campaña del Desierto, los indígenas fueron incorporados violentamente al Estado argentino. Miles fueron asesinados, y en el caso particular que abordan mis trabajos, miles de sobrevivientes del sur de Mendoza y también de la Patagonia y la Pampa central fueron trasladados forzosamente a la ciudad de Mendoza y otras zonas del centro y norte de la Provincia de Mendoza y agrupados en reservas, barracones y presidios (que dejaron, en algunos casos, restos arqueológicos visibles), y luego distribuidos en obrajes, ingenios, estancias o familias. El principal responsable del traslado y reparto de prisioneros como mano de obra esclava fue el coronel Rufino Ortega, hombre de confianza de Julio A. Roca, y gobernador de la provincia de Mendoza entre 1884 y 1887”, señala Escolar, quien realizó estudios posdoctorales, estancias de investigación y docencia en las universidades de California, Berkeley, en Estados Unidos, y en la Universidad Sorbonne Nouvelle, en Paris, Francia.

Escolar recabó más de 200 notas periodísticas publicadas entre 1878 y 1893 en El Constitucional, Los Andes y otros diarios de Mendoza que describen el reparto de indígenas traídos del sur de Mendoza y la Patagonia, y tratados, según afirma el investigador del CONICET, “como mano de obra esclava sin paga y muy maltratados”. Un artículo publicado el 22 de noviembre de 1879 en El Constitucional describe: “Llegó el jueves último la nueva remesa de indígenas que habíamos anunciado. Constaba de noventa y tantos individuos; entre los cuales había 35 indios de lanza, siendo el resto mujeres de 16 años arriba y uno que otro niño de pechos. El sitio donde se los alojó bien pronto fue invadido por numerosas señoras y caballeros que iban a pedir chinas y chinitos para su servicio, y en unas cuantas horas pudo distribuirse convenientemente toda la chusma. No fue posible atender la totalidad de las solicitudes, por lo reducido de la cifra, de manera que quedaron más de 300 peticiones sin proveer…”

En el caso de Mendoza, Escolar y colegas también recorrieron parroquias de la provincia de Mendoza y comprobaron la proliferación de actas bautismales de niños indígenas capturados en la Campaña del Desierto en el sur de Mendoza y Patagonia desde fines de la década de 1870 hasta fines de 1880. “Se les otorgaba un nombre español, se eliminaba toda referencia a sus padres y se incluían generalmente sólo los nombres de los padrinos blancos que terminaban oficiando en la práctica como sus dueños. El objetivo de esta política de apropiación de niños indígenas era destruir la sociabilidad e identidad indígenas, obtener mano de obra virtualmente esclava y lo que podría ser considerado como bienes de prestigio para las elites”, afirma Escolar y agrega: “Tras la Campaña del Desierto, muchos mapuches sobrevivieron en condiciones sociales nuevas, en algunos casos hasta la década de 1950, generando también descendencia hasta el día de hoy en Mendoza”.

Por Bruno Geller
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https://www.conicet.gov.ar/la-presencia-mapuche-y-de-sus-ancestros-en-mendoza-desde-epocas-precolombinas/
Fuente: www.conicet.gov.ar
Imagen: Tomasa Julipis (foto de 1939), fue prisionera tras la Campaña del Desierto. Créditos: Poblaciones pre y posthispánicas de Mendoza, Volúmen I, Etnografia. Carlos Rusconi. Mendoza, 1961, lámina 28.
Fecha: 15/05/2023