Mientras el gobierno del Chaco vetó la ley que prohíbe la explotación forestal en tierras indígenas, en Jujuy entregaron territorios originarios a una minera canadiense

El caso de las madereras chaqueñas

Defendiendo intereses de industriales madereros, el gobernador de Chaco Domingo Peppo vetó la ley 7775 que prohibe por cuatro años la explotación forestal en tierras reservadas a los pueblos qom, wichí y moqoit, más allá de que aseguran que continuará el tratamiento de la mencionada disposición legal.

La ley de autoría del diputado Orlando Charole había sido sancionada en marzo de este año por la Legislatura y propiciaba la protección, recuperación, y el mejoramiento del bosque nativo en los territorios y tierras reservadas a los mencionados pueblos indígenas, prohibiendo en dichos lugares actividades de deforestación, desmonte y explotación forestal en todas sus formas. El diputado había declarado anteriormente "detrás de la explotación hay intereses demasiado importantes de algunos industriales madereros, sabemos que no son los indígenas los que promueven este tipo de explotación a gran escala que después destruye el ecosistema y la biodiversidad".

La presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados del Chaco, la diputada Claudia González, se refirió a las visitas recibidas y expresó que “vinieron a presentar el veto que presentó el señor gobernador, sobre la ley impulsada por el diputado Orlando Charole y se acercaron a explicar el por qué del veto y también poder continuar conversando sobre esta situación”.

La ley 7775 también encomendaba a la Subsecretaria de Recursos Naturales del Ministerio de Producción conjuntamente con la Dirección de Bosques, la realización de un Inventario Forestal en los territorios indígenas, para reflejar la cantidad de recursos forestales existentes y no explotados a la vigencia de esta ley, determinando así la efectividad de la disposición normativa y la evolución de la superficie de bosques. Una vez concluido dicho inventario deberá ser remitido a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.

La situación con las mineras en Jujuy

Mientras tanto en Jujuy comenzó el relanzamiento de la megaminería. En uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas, viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios kolla y atacama. Y es también una gran reserva de litio, mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. En esas tierras planean instalar una mina.

Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa de esta explototación minera empresas multinacionales, gobiernos y científicos para extraer el litio, y entre todos se han puesto de acuerdo para minimizar el impacto ambiental que traería como consecuencia la apertura de la mina, como son la afectación del salar y la contaminación del agua dulce.

Al otorgarseles 90.000 hectáreas tampoco contemplaron los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los Estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunciaron la violación de sus derechos territoriales.

Las comunidades se han movilizado frente al poder político y afirmaron que no quieren mineras en su territorio. La causa judicial se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas.

El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (a cuyo frente se encuentra Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto. Sin embargo, acordaron con la minera canadiense.

Seguiremos la evolución de ambos casos que amenazan a los territorios indígenas con sus consecuencias inmediatas: las crisis ambientales y conflictos por las tierras.

Por ElOrejiverde
Fuentes: http://elfederal.com.ar/ http://diariotiempodigital.com/Indymedia
Fecha: 3/5/2016

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