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En la provincia de Chubut hay más de un centenar de comunidades indígenas y la cuestión territorial aparece en el primer lugar del cuadro de conflictos

En Chubut hay más de 110 comunidades de pueblos originarios. Según dimensiona Amnistía Internacional, que inició un registro de conflictos a nivel nacional, en esta provincia hay ocho conflictos activos registrados. Siete están vinculados a problemáticas de territorio y uno al medio ambiente. Sin embargo, especialistas en la materia, confirmaron que existen más casos.

La recuperación de territorio en la zona de Santa Rosa de Leleque, en una estancia propiedad de la multinacional Benetton, puso nuevamente en escena a los pueblos originarios de Chubut y un reclamo histórico vinculado a la recuperación de tierras ancestrales, lo que despierta opiniones a favor y en contra.

Más allá de las percepciones, hoy la problemática vinculada al territorio es la principal inquietud que tienen las distintas comunidades originarias en Chubut. Así lo indican diversos especialistas consultados por El Patagónico. También desde la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que desde hace años trabaja en la temática y en los últimos dos ejecuta un curso de Promotor Jurídico Indígena que reúne a integrantes de diferentes comunidades.

“Los grupos consultados identificaron el tema del territorio como el que más les preocupaba, según su criterio, su vivencia y su experiencia. Si bien se habló de educación, medioambiente, el territorio fue la principal preocupación. A esto se suman los problemas de energía y otros servicios básicos, entre otras carencias que son relevantes, pero nunca más allá de la tierra.”, comentó Daniel Loncón, miembro de la cátedra y descendiente del pueblo mapuche, como él mismo se reconoce, pese a no integrar ninguna comunidad.

Primer paso hacia el reconocimiento

Según datos relevados por El Patagónico, en la provincia hay más 110 comunidades originarias y cerca del 80 por ciento de ellas están registradas en la Escribanía General de Gobierno de Chubut y en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, organismos del Estado que funcionan en forma paralela.

Su asentamiento se da principalmente en la zona de la Meseta: Cushamen, Telsen, Gan Gan y Sierra Cuadrada. También en Río Mayo y Sarmiento, en la zona de Buen Pasto. Además de la Comarca Andina con comunidades en El Maitén, Lago Puelo y Esquel, ciudad donde hay una fuerte presencia que incluso llevó a continuar el curso de promotores en ese poblado.

Sin embargo, por el momento solo 50 de esas comunidades, según datos oficiales, fueron objeto del Programa de Relevamiento Territorial que se inició tras la sanción de la Ley 26.160, la cual legisló que se suspendan todos los desalojos hasta que finalice el trabajo. De ellas, solo 20 recibieron sus carpetas técnicas, por lo que consideran esencial que se trabaje en su finalización como primer paso para avanzar en la problemática.
“Es necesario, porque indudablemente el territorio es el eje del conflicto”, explicó Sonia Ivanoff, coordinadora de la cátedra de Pueblos Originarios y de la primera etapa del relevamiento. “La cuestión es que el territorio le da identidad a las personas, ideológicamente también lo hace distinto porque engloba una serie de situaciones y parece que defenderlo ya te hace un terrorista”, consideró.

“Y esto está en contradicción contra un Estado que es proclive a pedir perdón, pero que sigue con prácticas discriminatorias y de empobrecimiento, porque los pueblos indígenas viven mal, y así y todo le dan sentido y siguen revitalizando ese territorio”, agregó la abogada.

Zona de conflicto

La percepción del territorio y de Ivanoff, coincide con los datos preliminares del registro de conflicto que elabora Amnistía Internacional, el cual se encuentra en etapa de elaboración (puede ser visto a través del portal www.territorioindigena.com.ar donde se pueden denunciar nuevos casos) e indica que en esta provincia hay ocho conflictos activos: siete territoriales y uno ambiental.

Los mismos tienen lugar en el lof Sacamata Liempichún de Río Senguer, la comunidad mapuche Lago Rosario, la comunidad mapuche-tehuelche Prane, la comunidad Vuelta del Río (Familia Fermín), lof Liempe, comunidades Cañio, Ñiripil y Sepúlveda y lof Cayún. Sin embargo, no representan el total.

Así lo indicó Eduardo Hualpa, presidente de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), quien confirmó que existen un sinnúmero de reclamos más allá de estos datos parciales.

“No hay un trabajo estadístico que pueda responder una pregunta de forma específica. Hay muchos más, estamos acercando material y es un elemento que va a responder la pregunta dentro de un tiempo”, explicó el letrado en referencia al trabajo de Amnistía. “Pero el relevamiento de la tierra es el tema, porque sin ese reconocimiento es muy difícil ejercer los demás derechos y trabajar otras cosas, porque parecen ser reclamos de respeto de los derechos y la visibilización de los pueblos indígenas y de los conflictos. Y los estados son reticentes a darles trato de sujeto político a los pueblos indígenas. Están más dispuestos a generar becas, títulos, pero no el reconocimiento territorial colectivo y mucho menos cuando hay de por medio particulares donde es casi imposible interceder”, consideró.

El futuro del territorio

Otro aspecto que preocupa respecto a la problemática es la judicialización de los conflictos, lo que Ivanoff considera erróneo ya que “no hay que discutir la reivindicación de un pueblo en el ámbito penal. No usurpan campos y hay varios casos como Tracaleo que se imputó al lonco (cacique) y no se lo lleva por su cargo sino como individuos. Esto sucedió en la Fiscalía de Sarmiento que ha llevado a muchas personas a título individual, y no se le reconoce la incidencia colectiva”, afirma la abogada. “Entonces el gran problema sigue siendo que los reconozcan como tal, y no que los estigmaticen como militantes políticos, porque hay un marco jurídico que los ampara. Que haya una parte de la sociedad que no lo comprenda, que no lo quiera entender, es otra cuestión”, agregó.

Por todo esto, los especialistas consideran esencial discutir la temática, no solo desde el punto de vista social, sino también jurídico, más ahora que se incorporó la figura jurídica de Propiedad Indígena en el nuevo Código Civil y Comercial. Y ya pensando en este nuevo panorama la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena editaron en los últimos dos años el dossier “Propiedad Comunitaria Indígena”.

En el documento diez especialistas, entre ex jueces, ex fiscales y abogados, dan a conocer su opinión académica en la materia, definiendo qué se entiende por propiedad comunitaria indígena, un concepto “muy técnico, bastante discutido, y que en realidad incumbe a elementos culturales propios de cada pueblo que le da una conceptualización distinta, tan racional, tan abstracta”, explicó Fernando Kosovsky, coordinador del trabajo el día de la presentación.

De esta forma, se pretende dar herramientas que permitan solucionar estos conflictos en forma pacífica sin llegar a lamentar muertes como sucedió en Tucumán, donde Javier Chocobar, miembro de una comunidad, fue asesinado de un disparo por un terrateniente contra el que luchaba para recuperar sus tierras.

Es que tal como dice Loncón, las nuevas generaciones son más activas y tienen otro posicionamiento ante la problemática. “Este no es un tema fácil y las nuevas generaciones son los actores que están tomando la palabra. Lo de Leleque nadie se lo esperaba porque siempre iban detrás de la agenda, pero vino a patear el tablero. Quieren dignidad, respeto, no se conforman con becas o lo que les entregue el Estado. Por eso apelamos a la responsabilidad y el diálogo, que las autoridades abran un poco la cabeza”, señaló.

“Este va a ser el gran tema de disputa, porque hay muchos intereses que lo atraviesan como la minería, la hidroeléctrica, los hidrocarburos y otros intereses de tipo inmobiliario. Pero básicamente se trata de cumplir los convenios y tratados internacionales que los países han adherido: reconocer la pre existencia de pueblos originarios, derecho a una educación bilingüe, derecho al acceso a la tierra, y el manejo de los recursos que los afecta. Solo eso porque los originarios no se consideran dueños del territorio, sino parte y eso es lo que da sustento a su identidad”, sentenció.

Fuente: http://www.elpatagonico.com
Fecha: 10/6/2016

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