Cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. Esta impunidad merece respuestas urgentes hacia quienes defienden la Naturaleza y los derechos territoriales de indígenas y campesinos

El doloroso “Informe Witness”

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el complejo escenario de los agronegocios. Durante 2015 fueron muertos 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness (Testigo Global), que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el documento que acaba de publicar la ONG que contabilizó para el pasado año 69 casos más que en 2014. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4).

Entre los casos más resonantes figuran los de aquellos activistas que defienden los derechos sobre la tierra y el medio ambiente en la Amazonia brasileña. Claudio Maretti, presidente del Instituto Chico Mendes, comentó que “la Reserva Gurupi está siendo amenazada y atacada [...]. La tala ilegal y el acaparamiento de tierras están provocando graves daños a la conservación de este patrimonio natural. Bandas de madereros amenazan a los responsables de la protección de la naturaleza, a los asesores locales y a todos los habitantes.”

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos. La ONG remarca que se trata de un piso, ya que su base de información son los medios de información y existen crímenes que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados, Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El documento también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez originarios. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos aborigenes de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.
En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

Voces que no pueden oírse

Bastan unos pocos testimonios para dar cuenta de la enorme impunidad que enfrentan día a día los ambientalistas. Dice un líder indigena ka’apor, de la Amazonia brasileña: “Nos han amenazado de muerte reiteradamente durante mucho tiempo. Ahora incluso asesinan para intimidarnos. Dicen que es mejor que entreguemos nuestra madera a que muera más gente. No sabemos qué hacer, porque no tenemos protección. El Estado no hace nada”.

Por su parte Michelle Campos, defensora de la tierra perteneciente al pueblo lumad de Mindanao, en Filipinas, sabe que arriesga su vida cuando habla sobre los delitos cometidos contra los indígenas de su pueblo. En una carta abierta publicada en un periódico de Manila, narra la brutal ejecución de su padre, Dionel Campos, y su abuelo a manos de un grupo armado, a plena vista de sus familiares y su comunidad. “Muchos han muerto, muchos fueron asesinados por defender nuestra tierra y nuestra forma de vida indígena y por hablar de nuestra difícil situación; mi padre, mi abuelo y mi maestro son solo unos pocos ejemplos.”

En Colombia, sobre los territorios indígenas del altiplano central, el gobernador del Resguardo Indígena Canamomo Lomaprieta afirma que “Tenemos conflictos serios con el Estado en cuanto a la visión minera. Dicen que el subsuelo es de ellos; nosotros decimos que el suelo está unido con el subsuelo; no se puede separar desde lo espiritual. Esa es la guerra que estamos haciendo… Tener el aire, suelo, subsuelo, conjunto…”.

En Nicaragua, los miskito de la costa caribeña, evitando dar sus nombres, afirman que “Los defensores estamos permanentemente en peligro. Hemos recibido llamadas y mensajes amenazándonos con asesinarnos a nosotros y a nuestras familias. Las autoridades de Nicaragua no muestran interés ni toman medidas para protegernos.” En tal sentido, la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua coincide al denunciar que “Las defensoras y defensores vivimos en una situación permanente de riesgo en la realización de nuestro trabajo”.

El informe Witness registra también incidentes graves en países africanos como Etiopía (protestas en Oromo por tala de árboles), Camerún (detención del líder Nasako Besingi por protestar contra la explotación de plantaciones de aceite de palma), Madagascar (encarcelamiento del activista Armand Marozafy al denunciar el tráfico ilegal de palisandro en la periferia del Parque Nacional Masoala), República Democrática del Congo (detención de Augustin Alphonse Bofaka por protestar por una plantación de aceite de palma operada por la empresa Feronia) y Sierra Leona (denuncias de la comunidad Maloa sobre las repercusiones negativas que ocasionan las plantaciones de aceite de palma, lo que derivó en encarcelamientos, detenciones y acusaciones hacia la comunidad).

Cuando los derechos humanos son peligrosos

Los sectores que fomentan los asesinatos son las industrias mineras y extractivas, la agroindustria, la tala, los proyectos hidroeléctricos, los derechos al agua y la caza furtiva.
Basta con escuchar las declaraciones de Felipe Milanez, ex director adjunto de National Geographic de Brasil, para dar una idea de la impunidad reinante en América Latina con respecto a la defensa de la tierra por parte de las comunidades: “El asesinato se ha convertido en algo políticamente aceptable para conseguir objetivos económicos [...]. Tras diez años trabajando en la Amazonía, nunca he visto una situación tan mala”.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (entre otros Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

Por ElOrejiverde
Fuentes: Página12, Dario Aranda / Global Witness / La Prensa (Nicaragua)
Fecha: 23/7/2016

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