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Un incidente entre miembros de la comunidad guaykurú Bajo Hondo y bandas armadas dejó como saldo un hombre herido, destrozos en una vivienda y otros daños

Un conflicto territorial de vieja data

El incidente es un eslabón más de un conflicto por las tierras que lleva ya tres años y se produjo en un campo de propiedad del empresario Orlando Canido --dueño de la empresa que produce las gaseosas Manaos-- y paisanos indigenas y campesinos que luchan por una porción del campo.

En medio de los desmanes, según denunció Mocase, un vecino al que se identificó como Pedro Campos, de 46 años, recibió un disparo en una de sus piernas, por lo que fue trasladado luego al Hospital de Quimilí.

Los incidentes se produjeron en la mañana del 24 de septiembre pasado en un campo ubicado en la localidad de Bajo Hondo (departamento Moreno), a unos 250 kilómetros al sudeste de Santiago del Estero cuando tres camionetas de la empresa ingresaron a los tiros a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo. En total eran unas 15 personas que con pistolas y rifles comenzaron a perseguir a las familias de la comunidad. Pedro Campos, uno de los comuneros, recibió un balazo en la pierna.

Pero la agresión de la banda del empresario no terminó ahí. Prendieron fuero cinco ranchos, mataron animales, destruyeron el pozo de la comunidad, y hasta atacaron a dos policías que debían cuidar a las familias. Según denuncian los damnificados se trata de un ataque más de la empresa que intenta desalojar de sus territorios ancestrales a la comunidad.

Mocase Via Campesina sostierne por su parte que siete familias indígenas atribuyen los disturbios a grupos armados contratados por el citado empresario , con el que los denunciantes mantienen un largo litigio por la posesión de tierras en esa localidad.

Canido, de acuerdo a los papeles exhibidos al diario Clarín, es propietario del campo. “Desde hace 3 años hay conflicto con tres personas que se metieron en una porción del campo, en un extremo”, dijeron allegados al empresario en esta provincia.

Meses atrás, la justicia santiagueña había dictado una orden de desalojo a favor del empresario y cuando el oficial de justicia y la policía intentaron desalojar a 3 campesinos “aparecieron unas 150 personas al mando de Cariló Olaíz, que atacaron con armas el auto del oficial del justicia y lesionaron a policías”, señalaron.

Hace poco más de un mes, los abogados de Canido intentaron hacer cumplir la segunda orden de desalojo dictada por la justicia local y tampoco pudieron: hubo incidentes y heridos, atribuidos a la organización campesina.

La voz de los originarios

Según denunció el Mocase Vía Campesina, cerca de 40 sujetos destruyeron el alambrado de un predio de 4.000 hectáreas e ingresaron a donde viven campesinos que crían cabras, vacas y cerdos. "Todo fue rápido. Después del desastre, se fueron en sus vehículos", detalló Margarita Gómez, del Mocase.

El Mocase Vía Campesina es una escisión del Mocase “tradicional”; este último aceptó sentarse a la Mesa del Diálogo propuesta por el gobierno provincial, mientras que Paulo Aranda y Cariló Joaquín Olaiz, lideres del Mocase Vía Campesina fueron denunciados por Canido por daños a la propiedad, lesiones a sus empleados y otros presuntos delitos.
Por el lado del Mocase Vía Campesina, señalan que son 60 las familias en conflicto que sostienen ser poseedoras legítimas de las tierras. A raíz del no acatamiento de las dos órdenes de desalojo se dispuso que la policía custodiara el lugar para evitar incidentes y heridos. La organización dice que un grupo armado habría copado la entrada al predio, evitando ser divisado por un cordón policial asignado al perímetro.

Otro testimonio es el de Deolinda Carrizo, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), quien habló con “Con los pies en la Tierra” por Radio Presente y afirmó que “hay una inseguridad sobre la vida de los compañeros que están ahí” pero “no van a resignarse, ni bajar los brazos ante toda esta ola de violencia”.

Remarcó que “el conflicto lleva varios años. En 2012 comienza empieza él queriendo marcar las tierras. En 2013 empieza a poner alambres y en 2014 comenzaron las amenazas y golpes por parte de gente del empresario. En 2015, después de varios hechos de violencia, logramos generar una mesa de diálogo donde se aducía la tenencia de 1800 hectáreas. Algo que no comprobó”. Carrizo advierte que “nosotros no le vamos a dar ni un metro” y aclaró que “no es solo en Santiago del Estero donde está pasando esto”.

La mesa de diálogo fue rota por el propio Canido y desde entonces se produce una escalada de violencia contra la comunidad cuyo último ataque es el perpetrado el pasado 24 de septiembre. “Las denuncias que venimos realizando cayeron en los juzgados de Tarchini Saavedra y María Llanos, jueces que ahora están siendo investigados”, dice Carrizo. Estos dos jueces debieron renunciar por irregularidades en su trabajo en otras causas. Las causas quedaron en manos de los jueces Darío Alarcón y Rosa Falco.

Carrizo destacó la “pasividad de la justicia” y contó que el empresario intenta obtener “terrenos que están muy en los límites de las provincias” y en el caso de Bajo Hondo el territorio que pretende está muy cerca de la triple frontera con Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. “Lo que nos hace pensar es que quiere unir con las otras estancias y hacer un territorio propio”, dice Carrizo que recuerda una nota publicada en la Voz del Interior en la que sostiene una cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas en esa zona.

Presencia de autoridades nacionales

El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Raúl Ruidíaz expresó su preocupación por las agresiones sufridas por la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo, que terminaron con un miembro de esa comunidad herido de bala, viviendas incendiadas y matanza de animales.

Tras tomar conocimiento de los hechos, Ruidíaz recibió a Pablo Esteban Aranda, miembro del pueblo guaycurú e integrante del Consejo de Participación Indígena, y a Andrés Tzeimam, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, para interiorizarse del caso y evaluar las medidas a seguir.

Posteriormente, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a través de funcionarios del INAI arribaron a la provincia durante la pasada semana para brindar su apoyo a las comunidades e impulsar la investigación del caso. "Fuimos a constatar la denuncia y acompañamos a los damnificados" señalaron

Sobre el conflicto de tierras en la provincia, el funcionario nacional se mostró sorprendido "por la lentitud de las causas en la Justicia, y que permite que estos hechos de violencia se repitan, sabiendo que las investigaciones judiciales demoran en avanzar.
Es increíble que en 2016 se susciten hechos de violencia sobre las tierras y con bandas armadas, es una locura", indicó.

"Siempre que existe algo con un pueblo originario, no se maximizan los esfuerzos desde la Justicia, y lo que menos queremos es que estos hechos se repitan", dijo, al insistir que lo sucedido "es algo que no se puede entender".

Consultado sobre la solución que propondría la Nación, dijo: "Queremos hacer el monitoreo una vez iniciada la causa, y también espero que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia siga de cerca el caso”.

Fuentes:
http://www.mocase.org.ar
http://www.radiopresente.org.ar/
https://www.facebook.com/conlospiesenlatierraradio
http://diariodesantiago.com/n
Clarin, Julio Rodriguez
Página12
Indymedia
Fecha: 3/10/2016

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