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Trascribimos un nuevo documento suscripto por comunidades y organizaciones del Noroeste argentino relativo al reciente atentado sufrido por el líder de la comunidad Tilquiza de Jujuy

El Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO) Personería Jurídica Federal Nº 1.241 Resolución INAI 328/10 con el acompañamiento de los Delegados del Consejo de Participación Indígena (CPI), el Consejo de Coordinación Indígena (CCI) del Pueblo Ocloya, el Movimiento Comunitario Pluricultural (MCP) y las Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región NOA (OPI-NOA), reclaman justicia para el Cacique Néstor Jerez, investigación, procesamiento e imputación urgente a Ariel Amaranto y Daniel Enrique Verzini, por los hechos ocurridos y denunciados el pasado 18 de agosto en Comunidad Aborigen Tilquiza – Pueblo Ocloya (CAT-PO), quien se encuentra aislada y privada de libre tránsito, y en movilización permanente por la defensa de sus derechos ancestrales y territoriales ante los nuevos hechos de violencia e intento de homicidio sufrido por el accionar de terratenientes.

El pasado 24 de agosto a hs. 10:00 aproximadamente se hizo presente el ayudante fiscal Fernández, en el Territorio Comunitario, acompañado de efectivos auxiliares de la justicia, donde se conto también con la presencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través de la Técnica Territorial Dra. Mariel Bernal; la Secretaria de Pueblos Indígenas representada por la Dra. Claudia Choque y Abogada de la Comunidad Dra. Marcela Mon.

Ante los reiterados hechos de atropellos, vulneración de derecho e intento de despojo que lleva adelante el terrateniente Daniel Enrique Verzini, junto a su encargado Ariel Amaranto, por el que pesan varias denuncias por amenaza de muerte con arma de fuego.

Previo a reunión con la Comunidad Aborigen Tilquiza – Pueblo Ocloya, se invito al ayudante de fiscal a realizar la ceremonia a la Pachamama, juntamente con la responsable de la mujer Originaria Ocloya.

El Comunero y Cacique Néstor Jerez le manifiesta al ayudante fiscal los permanentes atropellos y vulneración de derecho que padecen los miembros de la mencionada comunidad, provocados por terrateniente Verzini y Amaranto a través de amenaza de muerte, disparos con arma de fuego e intento de atropello con camioneta verde con cúpula y vidrio polarizado, cerramiento de caminos ancestrales a través de portones con candado, cables con corriente eléctrica conectados a través de panel solar y atrapa ganado; violando derechos constitucionales, humanos y territoriales, al libre tránsito, a la salud y al desarrollo entre otros; obligándolos a transitar en forma inhumana por el único camino alternativo sobre el rio Tilquiza, que en verano se torna intransitable por la crecida. Como así también incumpliendo Medida Cautelar de no innovar Expte. B-246580/10 ordenada por la Cámara civil y comercial – sala 2 contra el demandado Verzini, Enrique Daniel y violando la ley nacional de orden público 26160.

Posteriormente se realizó el recorrido por el camino ancestral e inspección de lugares de los hechos denunciados, donde el ayudante fiscal y efectivos de la policía constataron varias vainas servidas (chalas), plomos (los cuales fueron llevados como prueba) y polígono de tiro con un mensaje “No tomar”, varios portones algunos con candado, guarda ganado, alambre electrificado.

Se tomó datos a empleada de Verzini Dolores Gaspar y a empleadas de la escuela primaria 329 de Felisa Gaspar y Lurdes Barros (quien ya fue denunciada ante el Ministerio de Educación y tiene antecedentes en contra la comunidad) abandonando su puesto de trabajo para perseguir a la comitiva tomando fotos hasta 300 metros de la escuela; llegando la recorrida hasta la posesión territorial de la familia Justo Gaspar siendo una persona mayor que padece enfermedad cardiovascular, hipertensión, disminución de vista y oído, la vivienda se encuentra en un estado avanzado de deterioro, ya que según manifiesta que Elizabet Amar y Martin Baldoni quienes también incumplen Medida Cautelar de no Innovar Expte. Nº B-225.669/09“no le permiten acondicionar su vivienda, ni sacar un palo y cuando sus vacas ingresan a los alambrados son corridas por los perros y en varias oportunidades se despeñan”.

De regreso con el ayudante fiscal se observa la presencia de Ariel Amaranto quien se introdujo en una vivienda y posteriormente se fugo en un auto blanco con patente tapada. El ayudante fiscal expuso posibles acciones, las cuales consistirían en orden de allanamiento, revisión y registros de armas, apertura de portones, sacar el guarda ganado para que la comunidad pueda transitar libremente.

El CDCAPO se declara en alerta, repudiando los hechos ocurridos e informa que la Comunidad Indígena Tilquiza tiene reconocida personería jurídica Nº 075/10 S.DD.HH.; en relación al territorio ancestral se encuentra iniciado juicio de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena Expte.B-253.520/2011, Radicado en Cámara Civil y Comercial, Sala 2, Caratulado “Prescripción Ancestral”: Comunidad Aborigen Tilquiza C/ Amar, Elizabeth; Baldoni, Martin; Verzini, Enrique Daniel y otros; cabe destacar que el Territorio comunitario está resguardado por Ley Nacional de Orden Publico 26.160 y sus prórrogas 26.554 y 26.894 vigente. La mencionada normativa, declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad” de los territorios que ocupan las Comunidades Preexistentes de los Pueblos Indígenas en el país y suspende toda ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de los territorios de las mencionadas Comunidades Indígenas, cuenta con cartografía aprobada y carpeta técnica con resolución Nº 642 otorgado por el organismo de aplicación, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), donde se reconoce la posesión, ocupación actual, tradicional y publica de la mencionada Comunidad.

Se espera el acompañamiento Institucional del INAI y la Secretaria de Pueblos Indígenas, haciendo las presentaciones en los ámbitos que correspondan, se designen y habiliten a los territoriales de la Región NOA en caso de ser necesario, con el objetivo de prevenir situaciones no deseadas.

También se solicita al INAI la reactivación del Servicio Jurídico y del Equipo de Mediación, acordado con las Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región NOA (OPI-NOA).

El CDCAPO y OPI-NOA esperan que las autoridades competentes resuelvan en tiempo y forma la situación denunciada, considerando la constatación del ayudante Fiscal Fernández, porque la Comunidad Originaria Tilquiza sufre a diario hechos de violencia y vulneración de derecho.

“Creemos en la justicia y esperamos que actúe de acuerdo a las circunstancias, no queremos otro Javier Chocobar o Maldonado. Sentimos mucho temor y responsabilizamos a Ariel Amaranto y Daniel Enrique Verzini por cualquier hecho que atente contra la integridad física del Cacique Néstor Jerez, su familia y de los miembros integrantes de la Comunidad Indígena Tilquiza.Ya se realizaron las correspondientes denuncias y resistiremos en el territorio del cual somos poseedores ancestrales y del que solo muerto nos desalojaran”.

El CDCAPO se declara en asamblea permanente y convoca el lunes 28 de agosto a todos los Pueblos Originarios, Organizaciones Indígenas y medios de comunicación a acompañar la caminata pacífica hacia los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a quienes se entregara petitorio “En resguardo del territorio y en defensa de la vida”.

También se convoca a Asamblea abierta de los pueblos indígenas el sábado 02 de septiembre a 14:00 hs y el 04 de septiembre viajará una comisión de OPI-NOA hacia Buenos Aires a solicitar que se trate URGENTE y se apruebe nueva prórroga de Ley Nacional de Orden Publico 26160, que vence emergencia en noviembre del corriente año.

Por CDCAPO
Fecha: 31/8/2017

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