La Corte Interamericana de Derechos Humanos tratará en audiencia el 14 y 15 de marzo, la denuncia por incumplimientos del Estado argentino en el proceso de la propiedad comunitaria indígena en los lotes 55 y 14.

“Convocar a la República Argentina, a los representantes de las presuntas víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre la excepción preliminar y los eventuales fondos, reparaciones y costas, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo de 2019, a partir de las 9:00 horas del día 14, durante el 130 Período Ordinario de Sesiones, que se llevará a cabo en la sede de la Corte en San José, Costa Rica para recibir sus alegatos y observaciones finales orales, así como para recibir las declaraciones (de los testigos propuestos)”, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el “Caso comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat versus Argentina”.

Se trata de la denuncia realizada en julio de 1998 por Lhaka Honhat contra el Estado argentino por incumplimientos en el proceso de regularización de la propiedad comunitaria indígena de 643 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14, departamento Rivadavia. Después de un largo proceso de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este organismo terminó elevando el caso a la CorteIDH. Quien debe llevar adelante la regularización de esta posesión es el Estado salteño, pero el responsable internacional es el Estado nacional, por eso la demanda se dirige a esa instancia.

Ahora, en una resolución con la firma de su presidente, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, la Corte Interamericana informó que en la audiencia pública del 14 y 15 de marzo se tomará declaración a diez testigos, dos propuestos por los presentantes (Lhaka Honhat y su equipo técnico, que incluye al abogado Matías Duarte) y ocho propuestos por el Estado argentino. También declararán cuatro peritos, dos propuestos por Lhaka Honhat, una por el Estado y una propuesta por la Comisión Interamericana.

Por Lhaka Honhat darán testimonio su coordinador, Francisco Pérez, que es cacique de la Comunidad Cañaveral, y Rogelio Segundo, cacique de la Comunidad La Curvita. Ambos hablarán sobre los antecedentes de su reclamo, la formación de la Asociación de Comunidades, la reivindicación territorial que hacen, el vínculo de los pueblos originarios con el territorio de ocupación y uso ancestral que reclaman, y el proceso de acuerdos que llevaron adelante con habitantes criollos ubicados dentro del territorio indígena. También está previsto que hablen del avance de los alambrados en el territorio indígena, la presencia de animales vacunos y los desmontes.

El Estado propuso los testimonios de cinco habitantes originarios, Francisco Gómez, Humberto Chené, Fortunato Constantino, Ascencio Pérez y Víctor González, para hablar del proceso de remarcación y regularización que lleva adelante el gobierno de Salta. Y propuso que declaren tres criollos, Abraham Ricalde, Dante Albornoz y Saturnino Ceballos, para que hablen de lo mismo.

En calidad de peritos declarará la antropóloga, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) e investigadora Catalina Buliubasich, quien había sido propuesta por ambas partes, aunque Lhaka Honhat la ofreció como testigo. La Corte entendió que debía declarar como perito atendiendo a sus conocimientos.

La también antropóloga, docente de la UNSa e investigadora Norma Naharro declarará como perito a pedido de Lhaka Honhat. Igual que el abogado Rodrigo Sola, especializado en derechos humanos y derecho indígena.

A pedido de la Comisión Interamericana, la Corte aceptó el testimonio de la especialista en derecho Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, docente de la Universidad de Chile, quien hablará sobre estándares internacionales en materia de propiedad y sobre acceso al derecho a la consulta y participación de los pueblos originarios.

El reclamo de las comunidades asociadas en Lhaka Honhat lleva ya 34 años, dado que el pedido se inició en 1984, con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Mientras la regularización se demora, la destrucción del ambiente se agrava por la tala indiscriminada de maderas del monte nativo (lo que fue denunciado reiteradamente, incluso ante la propia CIDH), la destrucción de la vegetación, de aguadas naturales y el avance de obras (como el puente internacional entre Misión La Paz y Pozo Hondo, en Paraguay) que cambian el lugar.

Por VÓVÉ. Portal de Noticias de la Cooperativa Coyuyo.

Fuente: http://vove.com.ar/nos-vemos-en-marzo/
Fecha: 18/2/2019