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Había ido a Posadas a hacer unos trámites y a comprar útiles escolares y lo atropelló un colectivo. Dijeron que estaba mendigando. La tragedia de Enzo muestra que los problemas económicos, sociales y territoriales que viven los guaraníes misioneros se arrastran desde hace décadas.

Entre ellos están la falta de suministro de agua potable y energía eléctrica, un alto índice de deserción escolar en el nivel secundario y una problemática territorial irresuelta. Mientras tanto sigue el desmonte del bosque nativo, su hábitat natural y territorio ancestral.

Enzo Nahuel Paredes tenía 9 años, y vivía en la comunidad Mbya Tekoa Porá, de Puerto Leoni. Había viajado a Posadas, a doscientos kilómetros de su aldea natal, junto a su padre, cacique de la comunidad, y su madre. Enzo y su familia no estaban en Posadas vendiendo artesanías o mendigando, como reprodujeron equívocamente medios locales y nacionales, y como generalmente sucede con las familias guaraníes que, ante la falta de trabajo, se desplazan hasta la capital y duermen en los alrededores de la terminal. Fueron a hacer trámites de la comunidad y comprar útiles escolares.

Luego de aquel episodio, las familias que solían acampar allí fueron corridas del lugar, y hoy en día se les prohíbe vender sus artesanías en las calles. La tragedia de Enzo visibilizó en la provincia una situación generalizada, y sirve como botón de muestra de una situación irresuelta históricamente. Volvió a poner en el tapete los problemas económicos, sociales y territoriales que viven los guaraníes misioneros. Entre ellos se pueden mencionar la falta de suministro de agua potable y energía eléctrica, un alto índice de deserción escolar en el nivel secundario y una problemática territorial irresuelta.

“El primer objetivo fue sacar a los niños en situación de calle de la ciudad de Posadas, porque nos hacia mal verlos vendiendo limones en los semáforo sin sus padres”, afirma la nueva Directora de Asuntos Guaraníes de la provincia, Norma Silvero. La funcionaria es una futura trabajadora social que asumió el cargo en febrero de 2021, en reemplazo del históricamente cuestionado por su mal desempeño al frente de la dirección, Arnulfo Verón, que se mantuvo en el cargo por 20 años a pesar de acumular sistemáticamente pedidos de renuncia.

Finalmente, fue removido luego del pedido de unos 80 referentes de diversas comunidades. “Trabajamos para que estos grupos de familia tengan contención en sus hogares y comunidades - continúa Silvero - Detectamos de dónde venían, hablamos con los caciques, escuchamos sus necesidades y los motivos del traslado. Nos dijeron que la pandemia les impedía vender sus artesanías y plantas medicinales. A partir de eso ingresamos en estas comunidades y trabajamos en varios sentidos, como la incorporación en ferias francas”.

Sin embargo, hay quienes sostienen que detrás de esa prohibición también sobrevuela un racismo velado. Como afirma Sergio Alvez, periodista local, que sigue de cerca la problemática guaraní. “Ellos necesitan salir a vender las artesanías. Acá dormían en las plazoletas y a la gente no le gusta ver eso. Hay un trasfondo de discriminación”.

Claudio Salvador es docente, periodista y escritor. Trabaja codo a codo con las comunidades, es el creador del Proyecto Mate - que apunta al desarrollo de las comunidades indígenas a través del ejercicio del turismo- y última detalles para la creación del Instituto Superior de Turismo Comunitario Indígena Raúl Karai Correa, que ofrecerá la primera carrera de nivel terciario destinada a integrantes de las comunidades locales. Salvador ve con buenos ojos el arribo de Silvero, sin embargo dice: “Hasta el momento hay una ausencia de política pública destinadas a los pueblos originarios. Se van tapando agujeros que la historia ha dejado abiertos. Las forestales han plantado pinos exóticos y eucaliptos que han cambiado el entorno. Son empresas que enferman a la población, la intoxican con papeleras y pinos. Donde hoy ves una plantación de pinos, antes existían mas de mil especies que formaban parte de una selva”. Salvador apunta directo a la madre de todas las batallas: la lucha por la tierra. Los desmontes y el asedio de las madereras a las comunidades que no logran obtener sus títulos de propiedad no se detienen.

Territorios en disputa

En Misiones hay 132 comunidades, según precisa la directora de Asuntos Indígenas, Norma Silvero, quien llegó al cargo con más consenso que su polémico antecesor, ya que a priori le reconocen su capacidad de diálogo y voluntad de trabajo. En esos territorios habitan unas 15 mil personas. Del total de esas comunidades, se relevaron alrededor de un 40 por ciento bajo la ley 26160, que fue sancionada en el año 2006 y declaró la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas”. De ese total de tierras relevadas, solo unas treinta tienen su título de propiedad, según datos que aporta Cintia Gimenez, secretaria de ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen). Este cronista visitó la comunidad de Yrirapú, en las inmediaciones de Iguazú, que es una de las pocas que tienen su título. Claudio Salvador trabaja con esa comunidad y asegura que el título es una donación del estado provincial. “Eso va contra las leyes y derechos colectivos, porque además se incluye en el sistema de área protegida como reserva natural y cultural. Eso le resta autonomía a las comunidades para decidir sobe sus bienes y recursos. Lo importante es que se reconozca la propiedad comunitaria y el territorio según establece la ley 26160. El territorio va mucho más allá del límite de una propiedad privada. Es todo lo que afecta al ambiente, al hábitat de la comunidades indígenas, a su entorno”.

“Desde el Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) se trabaja en el relevamiento territorial. Acá tenemos varios técnicos trabajando, pero por distintas cuestiones que escapan de mi conocimiento no se pudo completar el relevamiento de la población real – precisa Silvero -. Eso le corresponde a Nación, ya nos reunimos con la presidenta del Inai (Magdalena Odarda) y se comprometió a continuar relevando las comunidades que faltan. El relevamiento asegura a los grupos familiares que no sean desplazados de lugar de origen. De ahí en más es parte del Estado gestionar para que estas propiedades puedan pertenecer a los grupos familiares que se encuentran en este territorio”.

Fuentes técnicas del Inai consultadas aclaran que el organismo no da títulos de propiedad, sino que solo realiza los relevamientos. Los títulos dependerán de que algún día se sancione una ley de propiedad comunitaria.

“Viven en pequeños fragmentos de su territorio originario, reclamando por su tierras. Quienes no tienen el ordenamiento territorial realizado, están con la sensación de no saber donde caerse muertos – agrega Claudio Salvador - Los estados no están cumpliendo con sus aplicaciones legales y los acuerdos firmados internacionalmente. Lo que hace la ley es legitimar lo que dice la Constitución: que hay que entregarle las tierras que ocupan hoy, ancestralmente u otras. Está establecido en la Declaración de los Derechos Indígenas de las ONU. En Misiones se demora porque donde hay un árbol valioso, las empresas siguen depredando. Hay buenas voluntades pero no terminan de sobreponerse a los intereses que existen sobre lo que nuestra cultura llama recursos. Y para los pueblos indígenas son bienes culturales y no recursos naturales”.

Por Guido Piotrkowski
Fuente y nota completa:
https://www.eldiarioar.com/sociedad/misiones-muerte-enzo-nene-guarani-9-anos-deja-desnudo-problemas-comunidades-indigenas_1_8608419.html
Fecha: 10/1/2022

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