La justicia declara ilegal el oleoducto que cruza Standing Rock. Luego de dos años de arduas batallas legales, la Corte Suprema estadounidense declaró la ilegalidad del oleoducto construido en tierras de la reservación sioux de Standing Rock, Dakota del Norte

En 2016 El Orejiverde daba cuenta de un gran encuentro indígena como no se había visto en más de cien años. Se trataba de la convocatoria realizada por la reservación sioux Standing Rock, en Dakota del Norte, Estados Unidos, para protestar pacíficamente por la construcción del oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL) cuyo trazado inconsulto atravesaba parte de su territorio.

La respuesta fue masiva. En pocos días 14 mil personas, entre representantes de 300 tribus norteamericanas y del resto del mundo, así como ambientalistas y gente del espectáculo, llegaron la reservación a caballo, canoas o casas rodantes y acamparon allí por varios meses, sobrellevando el crudo invierno de la zona y superando enfrentamientos con la policía y fuerzas de seguridad que buscaban desalojarlos.

Llegada la primavera, el ejército desmanteló el campamento, pero el golpe final fue la “recomendación” del recién electo presidente Donald Trump de continuar con la construcción del oleoducto.

LA TRAMA

La trama profunda de ésta y otras situaciones similares nace en la apropiación de los recursos naturales del planeta, especialmente el petróleo, llave del poder económico y político en el mundo entero.

Veterano en este tipo de operatorias, Estados Unidos proyectó una amplia red de oleoductos que llevarían el combustible de todas partes de norteamérica hacia las refinerías de Texas y los puertos marítimos a fin de lograr el autoabastecimiento. Por añadidura, surgió el hallazgo de ricos yacimientos explotables por medio del “fracking”, técnica que permite la obtención de un petróleo mucho más espeso y contaminante que el petróleo común.

Numerosos y trajinados fueron los reclamos de los pueblos asentados en reservaciones cuyos territorios se vieron afectado por la construcción de estos oleoductos, pero ninguno alcanzó la repercusión de la protesta en Standing Rock, cuyos organizadores apelaron hábilmente en 2016 a las redes sociales para dar a conocer mundialmente su convocatoria no violenta y ponerse a la cabeza de la defensa del medio ambiente.

Muchas fueron también las alternativas del conflicto desde su inicio en 2014. En principio, el reclamo se basó en la soberanía de las naciones indias sobre tierras otorgadas (especialmente en el siglo XIX) por tratados entre las tribus y el gobierno federal, lo que en Estados Unidos tiene estatus constitucional. Luego se hizo hincapié en la destrucción de lugares sagrados, como cementerios y sitios rituales, argumento desechado en septiembre de 2016 por el juez federal Boasberg que lo desestimó por “falta de pruebas” autorizando la continuidad de las obras. Por último, frente a la contundencia de los hechos se apeló a los antecedentes de la Energy Transfer Partners, empresa a cargo de la obra, en el descontrol de derrames a lo largo de sus construcciones, en las cuales nunca se había evaluado correctamente el impacto ambiental. Y mucho menos consultado el parecer de los pueblos originarios y campesinos blancos afectados por los potenciales daños a las aguas y tierras del trazado.

LA CLAVE DE LA VICTORIA

Tampoco hay que olvidar las intervenciones presidenciales antes y durante el conflicto: en primer lugar está la Orden Ejecutiva 13175 del año 2000, titulada de Consulta y Coordinación con los Gobiernos Tribales Indios, que lleva la firma del ex presidente Bill Clinton, por la que se requiere a las agencias federales la consulta con las tribus en el tratamiento y ejecución de políticas que pudieran impactar en sus comunidades. Luego se cuenta la intervención de Barack Obama quien, a pesar del dictamen del juez Boaberg, en diciembre de 2016 ordenó la detención de las obras, y finalmente la de Donald Trump al “recomendar” la reanudación de las mismas apenas iniciado su mandato en 2017.

Fue entonces cuando, asesoradas por el equipo jurídico de Earthjustice (justicia para la tierra), las autoridades de Standing Rock focalizaron su demanda sobre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano, a cargo de los aspectos técnicos de la obra, por no respetar las pautas de la National Environmental Policy Act (acta nacional de política ambiental) simulando testeos y aprobaciones y, fundamentalmente, por ignorar las pruebas de impacto exigidas por la tribu.

Estas exigencias nunca fueron caprichosas. Por el contrario, si bien el oleoducto recorrería el territorio de Standing Rock sólo en una pequeña porción y lo haría bajo tierra, su destino era atravesar, sumergido, el lecho del lago Oahe y el cauce del río Misuri, afluente del gran Misisipi, que se cuenta entre los más largos del mundo.

De allí la alarma, no sólo por la violación de derechos territoriales e irrespeto a los reclamos indígenas, sino por el peligro de contaminación por derrames de petróleo, generalmente debidos a la falta de mantenimiento por parte de la empresa. Y si bien en los últimos dos años se han contabilizado 300 derrames sobre tierras y aguas a lo largo de los 1800 km del trazado, es necesario recordar que entre 2006 y 2016, la empresa operadora del DAPL “experimentó 276 incidentes resultantes en un daño a propiedades por 53 millones de dólares /…/ y tiene uno de los más bajos records de salvataje que cualquier otro operador de la industria”, según informaron oportunamente los expertos tribales.

“MniWiconi” fue el lema: El agua es vida.

Lo cierto es que este 25 de marzo, un tribunal federal de los Estados Unidos revocó, finalmente, el permiso de funcionamiento del DAPL obligando al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a realizar exhaustivas pruebas de conformidad con el Acta Nacional de Política Ambiental, tal como fuera exigido por los sioux de Standing Rock.

“Después de años de compromiso en la defensa nuestra agua y nuestra madre tierra, damos la bienvenida a esta noticia de tan significativa victoria legal”, dice Mike Faith, presidente de la Tribu Standing Rock. “Es con humildad que vemos cómo las acciones que emprendimos hace cuatro años en defensa de nuestro hogar continúan inspirando las discusiones sobre cómo nuestras elecciones influyen finalmente al planeta. Talvez con el despertar de este fallo de la Corte, el gobierno federal comience a /…/ a escucharnos realmente cuando manifestamos nuestras preocupaciones”, concluye.

Pero lo cierto es que, si bien se escuchó la voz de Standing Rock en su reclamo por la naturaleza, se lo hizo en función del incumplimiento de una ley, en este caso de preservación ambiental. Un enfoque puramente jurídico a nivel nacional, aunque las repercusiones del caso hayan sido más amplias.

Es lamentable que este reconocimiento no se haya extendido al tantas veces ignorado derecho de los pueblos indígenas a vivir soberanamente en las tierras que les fueron otorgadas, luego de persecuciones y despojos, por tratados con el propio gobierno federal.

Por María Ester Nostro
Fecha: 6/04/2020

Fuentes:
Nostro María Ester, notas relacionadas publicadas por El Orejiverde entre el 02/09/2016 y el 24/06/17.
https://www.commondreams.org/news/2020/03/25/
https://earthjustice.org/library