Organizaciones sociales se reunieron para expresar su repudio a lo que consideran una burla a la cultura indígena

Organizaciones sociales que conforman el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, COOA: el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Unión Campesina Indígena de Oaxaca Emiliano Zapata (UCIO-EZ) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), se manifestaron el 16 de julio en esta capital oaxaqueña para expresar su repudio a lo que llaman burla y mercantilización de las tradiciones y culturas indígenas en la Guelaguetza oficial.

La Guelaguetza es la Fiesta de los Lunes del Cerro, se celebra desde hace 80 años, presenta y comercializa muestras gastronómicas, artesanales, deportivas, representaciones costumbristas, exposiciones y conciertos de las más diversas comunidades del estado de Oaxaca.

“A diario se pisotean los derechos indígenas, nos imponen megaproyectos, saquean y privatizan nuestros territorios violando todo convenio internacional sobre pueblos originarios. La misma casta de políticos y empresarios quienes cínicamente celebran la Guelaguetza son los mismos que despojan a nuestros pueblos, es por ello que nosotros; los pueblos indígenas y las organizaciones hacemos uso de nuestro derecho inalienable a manifestarnos”.

Estas palabras fueron expresadas mientras policías estatales bloqueaban el paso de cientos de manifestantes que realizaban una marcha que partió del crucero de la Experimental y se dirigía al Templo de Sto. Domigo, los participantes provenían de diferentes regiones del estado.

De igual forma, denunciaron los asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias y la criminalización de la lucha social en todo el país, así como el hostigamiento del Estado y empresarios hacia las y los integrantes COOA, los cuales aseguran han recibido amenazas y agresiones directas hacia sus personas.

Pusieron de ejemplo el caso de Abraham Ramírez Vásquez quien afirman ha sido amenazado de muerte y encarcelamiento. De igual forma en el municipio de San Juan Ozolotepec, Sierra sur, se han violentado los derechos humanos de los comuneros debido a un conflicto político disfrazado de “intolerancia religiosa” teniendo como resultado varias órdenes de aprehensión a ciudadanos inocentes. En lo que respecta al papel de las autoridades, los inconformes acusaron el incumplimiento de los acuerdos tomados por el problema territorial de la comunidad de San Miguel del Puerto con Santa María Huatulco. A esto se suman las amenazas de desalojo a la colonia “La Deportiva” ubicada también en Santa María Huatulco.

Si bien durante el bloqueo entre fuerzas del orden e inconformes se vivió una tensa calma, los pobladores aseguraron que no estaban con la idea de enfrentamiento, por tal motivo si los cuerpos de seguridad actuaban, no harían segunda a la “provocación” que aseguran orquesto el gobierno del estado para no atender sus demandas, así como para no permitirles su derecho a la manifestación.

Ya con la presencia de cuerpos policíacos, los inconformes se pronunciaron en contra de la militarización del estado, así como de la presencia excesiva de la gendarmería, a la cual acusan de hostigar y criminalizar la protesta social, así como la violación a Derechos Humanos de las comunidades Indígenas.