Mientras el Relator Especial de la ONU sobre Racismo alertó sobre la pobreza extrema de los indígenas haciendo un llamado de atención al Estado argentino, algunas comunidades denuncian desalojos y ultrajes

Mutuma Ruteere, el Relator Especial de la ONU sobre Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, visitó Argentina del 16 al 23 de mayo para evaluar la situación de los pueblos originarios, así como de los afrodescendientes y los migrantes, luego de lo cual instó al gobierno a tomar medidas urgentes para hacer frente a la marginación y exclusión sistemática de los indígenas, uno de los grupos más vulnerables en el país.

Ruteere indicó que al igual que en otras partes del mundo, las prácticas discriminatorias en el país afectan frecuentemente a los pobres y en particular a los que, además, forman parte de grupos minoritarios.

El experto reconoció que Argentina cuenta con un marco jurídico amplio para la eliminación de la discriminación racial y la igualdad de derechos para todos sus habitantes, sean argentinos o extranjeros. Sin embargo, indicó que la aplicación de las leyes es deficiente y persisten importantes desafíos.

“La situación de los pueblos indígenas en ciertas áreas del país es terrible, ya que viven en la extrema pobreza, en un aislamiento socio-cultural y sin acceso a servicios básicos como la salud, una vivienda decente, e incluso al agua potable”, advirtió Ruteere. Asimismo, señaló que es alarmante la represión en distintas partes del país de la movilización de grupos indígenas para reclamar sus derechos.

En sus conclusiones, el Relator advirtió contra algunas decisiones del gobierno del Presidente Macri de discontinuar algunos de los programas existentes para promover los derechos de las minorías.

Después de un periplo por el país, donde visitó las provincias de Buenos Aires, Salta y Formosa, Ruteere advirtió: "La situación de los pueblos originarios es especialmente crítica y requiere atención inmediata". Por otra parte, destacó también la impunidad que gozan las fuerzas de seguridad pública en los casos de discriminación por perfil racial y subrayó que la ausencia de una política eficaz de integración de los migrantes contribuye aún más a la marginalización y la estigmatización de este grupo.

Ruteere aplaudió la creación en el país de una serie de instituciones para promover la defensa de los derechos humanos como el INADI. Pero después señaló que lo más alarmante era la "tendencia" a reprimir las movilizaciones de los grupos originarios que reclaman sus derechos, y que se tomen represalias para con ellos. Vale recordar el rechazo local que causó el acampe de la comunidad qom sobre la Avenida 9 de julio, quienes reclamaban por sus tierras y permanecieron durante seis meses, primero, y después, otros once meses meses hasta que levantaron el acampe con el actual gobierno.

El Relator Especial presentará un informe con sus observaciones sobre Argentina al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2017.

Denuncias de los últimos dias

Mientras el Relator de la ONU pronunciaba sus primeras impresiones acerca de la situación de extrema pobreza de las comunidades indígenas argentinas, se conocían varias denuncias en distintos puntos del pais:

En Cushamen (Chubut), efectivos policiales, Gendarmería y GEOP desalojaron la recuperación de tierras ancestrales que el lof mapuche del Departamento de Cushamen había iniciado el año pasado en una estancia de la empresa Benetton en la zona de Leleque. Según informó la Red de Apoyo, hubo unos 20 detenidos. “La mitad son mujeres”, dijo Martiniano Jones Huala, uno de los voceros. “Se llevaron a mujeres y niños a la rastra en autos particulares sin patente”.
Según especificó la radio comunitaria FM Kalewche, la detención de Facundo Jones Huala –sobre quien pesaba una orden de captura internacional- fue la que motivó la participación del GEOP, la fuerza especial de operaciones de la provincia. Fue el primero en actuar ; después llegaron los efectivos policiales y la Gendarmería con una supuesta orden de desalojo que, según Martiniano, nunca mostraron. ”No hay nada. Nunca apareció una orden. Era una orden verbal”. Según el periodista Pablo Quintana, “la orden para intervenir en el territorio fue dictada el juez Martín Zacchino y acompañada por la fiscal general Camila Banfi de Comodoro Rivadavia”.

Martiniano dijo que “era impresionante la cantidad de armas que había. Fue muy violento, hacía mucho tiempo que no veía tanta violencia. Nos pegaron y nos tiraron gas lacrimógeno”. Cuenta que ahora en la recuperación quedaron dos mujeres con cuatro niños. “están cercadas por Gendarmería. Por eso necesitamos difusión”.

La recuperación motivó el año pasado una causa judicial donde la Justicia provincial intentó aplicar por primera vez en Chubut la Ley Antiterrorista para perseguir a los mapuche, pero el Juzgado Federal rechazó los argumentos.

En Formosa mientras tanto, el cementerio de una comunidad wichí fue enajenado por el Municipio de Laguna Yema, tal lo que informa al cacique Alfredo Rojas, quien mostró el cementerio que fue ultrajado, sin respetar sus derechos ancestrales. En este lugar hace varios años la empresa Valderrama de la ciudad de Formosa, con la connivencia del intendente, sembró sorgo y en esa oportunidad cuando pasaban la maquina, desenterraba todos los huesos de los difuntos originarios.

Ante la presencia de los wichis, empresario e intendente llegaron a concretar una devolución de un perimetral de 30 x 30 metros donde supuestamente estaría el cementerio del pueblo originario, “pero el resto del territorio sigue en poder de particulares que actualmente tienen su animales y ciertos empresarios que desconocemos sus nombres pero, por las ofertas dinerarias que nos hacen, sabemos que mantienen mucho interés en nuestras tierras”

La Justicia Provincial jamás investigó a fondo la cuestión que es grave, ya que la enejenación de las “tierras comunitarias" esta expresamente prohibida en el Art. 79 de la Constitución de la Provincia

Actualmente los wichis solo piden su respeto a sus creencias y la devolución del territorio ancestral de sus difuntos. En estas tierras comunitarias vendidas por el Municipio se encuentra el primer cementerio de la comunidad, lugar donde vivían hace muchos años, alli había una represa natural de agua, con el tiempo ante el avance del ejido municipal y el crecimiento de la población de Laguna Yema, “nos vimos naturalmente obligados a trasladarnos quedando reducidos a un pequeño territorio que ni siquiera es nuestro” explicó el cacique

“Lo concreto” - concluyó- “es que nos encontramos en esta lucha totalmente solos porque ninguna institución ni del Estado nacional, mucho menos del provincial se ha preocupado por atender nuestro reclamo y existiendo por parte del poder Judicial una desatención a nuestra denuncias”

Finalmente, desde el Chaco nos llega la noticia de que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia resolvió conceder el recurso extraordinario federal presentado por el abogado Gonzalo García Veritá, defensor de la periodista Diana Della Bruna, en el caso que criminaliza a una familia indígena y a luchadores sociales que defendieron su territorio de un desalojo que viola la Ley Nacional N° 26.160. Tras este pronunciamiento del STJ la causa judicial será revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta resolución representa un hito y una esperanza de justicia para los imputados, que desde hace seis años se encuentran transitando un camino de lucha en los espacios sociales, políticos y jurídicos, cuando el 15 de octubre de 2010 la fiscal Acosta de Scarel junto a 40 efectivos policiales, se dieron cita sin notificación previa en el Lote 19 de Pampa del Indio para intentar desalojar a la familia Adriani-Berdún, propietaria histórica del lugar. La decisión de la familia de quedarse y el apoyo de siete organizaciones indígenas que se presentaron espontáneamente en el lugar, al enterarse de la situación, impidieron que el desalojo se efectuara. La periodista Diana Della Bruna, en ese entonces en el área de prensa del Instituto de Cultura Popular, registró y fotografió los hechos.

Apenas quince días después, la familia, algunos dirigentes que estaban presentes y Della Bruna fueron imputados de los delitos de usurpación, desobediencia a una orden judicial y atentado agravado contra la autoridad por cometerse a mano armada.

Esta última información es auspiciosa, aunque habrá que ver como finaliza este proceso que se inició con un intento de desalojo hace seis años.

Estos últimos casos que mencionamos son una muestra de muchos de los conflictos que aún se dan entre las comunidades indígenas y el Estado. Es de esperar que la advertencia del Relator Especial como otras que se vienen realizando desde hace muchos años contribuyan a que el Estado y el gobierno finalmente -y no porque solamente uno o más funcionarios internacionales lo digan- decidan cerrar la asignatura pendiente de injusticia, discriminación y racismo histórico hacia los pueblos originarios.

Por ElOrejiverde
Fuentes: Clarín / Indymedia/ http://www.lavaca.org/http://www.anred.org/http://www.radiodelsollagunayema.com/ Diana Della Bruna, Agencia periodistica Timbo/ www.erbol.com.bo/noticia/indigenas /
Fecha: 31/5/2016