El pasado jueves se conoció en Perú la sentencia favorable a los acusados indígenas involucrados en sangrientos enfrentamientos con la policía mientras defendian en un bloqueo de ruta sus derechos territoriales

AIDESEP (Asociación Indigena de Desarrollo de la Selva Peruana) calificó a esta sentencia como una “Victoria indígena: 51 hermanos junto a Alberto Pizango son libres de todos los cargos en el juicio Curva del Diablo”. Y continuó : “esto representa una gran fuerza indígena que no sólo se queda en lo material, sino en lo espiritual, sólo Dios sabe cuánto han tenido que pasar nuestros hermanos del pueblo awajún-wampis, y nuestro líder Alberto Pizango, luego de más de 7 años” . Asi comentaron los miembros del Consejo Directivo Nacional de la AIDESEP, quienes estuvieron en constante comunicación con Bernabé Impi (Secretario de la organización) desde el lugar de los hechos.

Todos los procesados fueron absueltos de acusaciones como: homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra transporte de uso oficial, tenencia ilegal y arrebato de armas de uso oficial. Además, motín, daños agravados y atentado contra unidades de transporte público y a estos se le añade el de incitadores, por falta de pruebas, sin embargo, los fiscales representantes del Ministerio público indicaron que apelarían (tienen 10 días para hacerlo).

Cabe mencionar que la AIDESEP en su pronunciamiento exige que se abra un proceso judicial a los verdaderos responsables de esta situación, el ex presidente Alan García, Yeude Simon, Mercedes Aráoz y Mercedes Cabanillas.

Toda la Amazonia, nuevamente se puso de pie para aplaudir, abrazarse y dejar en claro que la unidad del pueblo indígena puede mucho. AIDESEP agradeció de manera especial “a los abogados de IDL (Instituto de Defensa Legal), a los amigos de la Iglesia que apoyaron de forma constante y por supuesto a todos los hermanos y hermanas del mundo que estuvieron siguiendo muy de cerca este caso”.

El Baguazo o la masacre de Bagua

Los trágicos sucesos ocurrieron el 5 de junio de 2009 y se conocieron como el “Baguazo” o “la masacre de Bagua”, en el sector Curva del Diablo, cercano a la localidad de "El Reposo" muy próxima a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en el Departamento de Amazonas, Perú. Según las informaciones oficiales, el enfrentamiento tuvo un saldo de 33 personas fallecidas (10 indigenas y 23 policías).

Los hechos se desencadenaron luego del desalojo de aproximadamente 5 000 awajun (o aguarunas) y wampis o shuar (o huambishas ) junto con muchos pobladores de las ciudades cercanas de Jaén Departamento de Cajamarca, Bagua y Bagua Grande (Depto de Amazonas) que se encontraban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry por 55 días y que dejaba en parte desabastecidas de combustible, gas y alimentos a las regiones de los Departamentos de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.

Los manifestantes demandaban la derogación de dos decretos legislativos que consideraban, atentaban contra sus derechos territoriales. A pesar del apoyo unificado de la población de esta zona del Perú contra esos decretos que favorecería a grandes empresas transnacionales y mineras a usar territorio de la selva con el fin explotar grandes yacimientos de petróleo, gas y otros minerales, la orden de desalojo fue dada por la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el Primer Ministro Yehude Simon, durante el gobierno de Alan García Pérez. Esto habría detonado la revuelta y violencia que se expandió desde una zona despoblada hasta ciudades cercanas.

Además de los muertos, también hubo informes de secuestrados y decenas de locales públicos destruidos y saqueados en tres ciudades del Departamento de Amazonas.
Más tarde, la Defensoría del Pueblo cuantificó además de los 33 fallecidos, 200 heridos y un total de 83 detenidos.

Una sentencia largamente demorada

El proceso se extendió por diversos motivos, entre ellos la inicial falta de intérpretes para los indígenas que solo se comunican en sus lenguas nativas y la ausencia de algunos testigos en las audiencias, según narró al diario El Comercio el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal, quien actúa como defensor de varios procesados. Además, explicó que las salas donde se realizaron las audiencias no siempre estuvieron a disposición pues no eran de uso exclusivo.

Para los acusados, en la demora del juicio se pudo percibir el olvido al que el Estado los condena. La asistencia a las audiencias representó un gasto de tiempo y dinero que dicen, los perjudicó. Uno de los procesados para los que se pidió cadena perpetua es Santiago Manuín, conocido líder indígena de Amazonas. Manuín dijo en una entrevista al ya mencionado diario que su situación de salud –padece de diabetes– está deteriorada por el esfuerzo que realizó al asistir a las sesiones y por la incertidumbre respecto de su futuro. “Si nos tienen que sentenciar, que nos sentencien. Si somos inocentes, que nos absuelvan, pero que no nos tengan así”, reclamó entonces.

En las audiencias orales se hizo evidente la falta de pruebas en la acusación a quienes habrían sido capturados injustamente tras el desalojo de junio del 2009, según versión del abogado. "No hay pruebas inculpatorias a los 51 nativos acusados y les quieren dar cadena perpetua", sentenció en una conferencia de prtensa. Agregó que "los 51 indígenas pasaron un peritaje que dio negativo en uso de armas y justos no pueden pagar por pecadores".

Restan ahora otros tres procesos abiertos por el caso Baguazo: también el de la llamada Curva del Diablo, pero este por la muerte de civiles, el de la Estación 6, y el de la desaparición del mayor PNP (Policia Nacional del Perú) Felipe Bazán. Cada uno de ellos tiene un nivel distinto de avance a nivel judicial. En el caso de la Curva del Diablo, los generales PNP José Sánchez Farfán, Luis Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano son acusados por la muerte de civiles.

Un tercer caso corresponde a la toma realizada por indígenas de la estación 6 de Petro Perú ubicada en el sector de Imacita. Los nativos habrían secuestrado a los policías y trabajadores que estaban en el lugar y son acusados por la muerte de 11 agentes. Son 26 las personas procesadas por este caso.

Apoyo al fallo y los reclamos indigenas

La sentencia recibió apoyo de distintos sectores, entre ellos el de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que saludó el que las 51 personas, indígenas y no indígenas fueran exculpadas de una serie de delitos derivados del conflicto de Bagua. Para la Coordinadora el proceso que duró más de siete años "ha probado que el Estado peruano y el Poder Judicial (...) no estaban preparados para el juzgamiento de indígenas en el marco de las garantías que actualmente señalan las normas nacionales e internacionales"

Sin embargo, destaca, que felizmente la Sala Penal de Bagua y sectores del Poder Judicial "han hecho esfuerzos para adecuarlo y que este se haya llevado adelante con las mínimas garantías de un debido proceso".

Considera pasos muy importantes el uso de intérpretes durante el juicio oral para las lenguas awajun y wampis, la creación de un registro de intérpretes de lenguas indígenas a nivel del Poder Judicial y el uso de las pericias antropológicas.

Finalmente, la CNDDHH reafirmó su pedido de justicia para las víctimas de aquel fatídico 5 de junio de 2009, tanto civiles como policías, más aún si como afirmó el Presidente de la Sala "en este Juicio Oral no están los responsables de los crímenes".

Por: Aidesep/ El Comercio/ Servindi/ ElOrejiverde
Fuentes:
Aidesep
http://www.aidesep.org.pe/51-peruanos-y-alberto-pizango-son-libres-de-todos-los-cargos-en-el-juicio-curva-del-diablo/
El Comercio, Natalia Molina
http://elcomercio.pe/sociedad/peru/baguazo-jueves-leeran-sentencia-caso-curva-diablo-noticia-1933060
Servindi
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/23/09/2016/coordinadora-saluda-sentencia-del-caso-bagua-1
ElOrejiverde
Fecha: 26/9/2016