El gobierno de Sarawak suspendió la construcción de una gigantesca represa como resultado de la lucha de los pueblos indígenas, los que advierten que no cejarán hasta que la obra no se detenga en forma definitiva

La represa de Baram, que habría inundado la tierra de unos 20.000 indígenas que viven en 26 comunidades en Sarawak, estado de Malasia, ha sido suspendida tras años de protestas.

El jefe del gobierno de Sarawak, Tan Sri Adenan Satem, anunció recientemente que la decisión de paralizar la obra se adoptó por respeto a las opiniones de las comunidades afectadas, y agregó: “Si ustedes no quieren la represa, está bién. Respetaremos su decisión”.

Los pueblos indígenas, cuyos hogares y selvas quedarían inundados por el embalse, han estado protestando y bloqueando los accesos a la zona de construcción de la mega-estructura durante dos años. Por el momento han recibido bien su suspensión, pero insisten en que no basta con que la represa se “paralice hasta nuevo aviso”, sino que se deben dar garantías de que nunca será edificada. También piden la devolución de las tierras que se adquirieron para albergar la obra y que los permisos de tala en la zona sean revocados.

Muchos observadores se muestran escépticos por la repentina actitud de las autoridades de querer respetar los deseos de las comunidades indígenas. Sus derechos territoriales y a decir no a la tala, a las plantaciones de aceite de palma y a las megapresas no han sido tan fácilmente reconocidos en el pasado. Podría haber más razones económicas por las que la represa no se considere viable: las que actualmente existen en Sarawak ya proporcionan más energía de la que el Estado necesita.

Los pueblos indígenas afectados pertenecientes a las comunidades kenyah, kayan y penan, han opuesto una gran resistencia contra esta obra desde el principio. Son plenamente conscientes de las dificultades que afrontan quienes ya fueron expulsados por otras represas ya realizadas: están luchando para poder seguir cazando y recolectando, o para poder cultivar alimentos suficientes en las pequeñas parcelas de tierra que les han proporcionado.

Durante el bloqueo contra la obra, el anciano líder Lenjau Tusau, de la comunidad Long Makaba, reflejó el coraje y dignidad de quienes protestaban: “No nos marcharemos. Nuestra vida está aquí, nuestra cultura. La tierra, los ríos y las rocas nos pertenecen”.

Baram formaba parte de un plan de construcción del gobierno de Sarawak de doce represas hidroeléctricas. En 2008 se filtró un documento que mencionaba el proyecto de las autoridades estatales de construir este conjunto de represas, pese a no contar con mercado para la electricidad que producirían.

Penan, kelabit, kayan e ibat contra las represas y madereras

Los penan y otros pueblos indígenas como los iban, kelabit y kayan (todos ellos conocidos también como kayak o dayakos ) han organizado desde hace más de treinta años bloqueos de carreteras con el fin de detener la tala en sus territorios. En muchas zonas tuvieron éxito, pero mantener los esfuerzos fue difícil, con enfrentamientos entre las comunidades indígenas y las madereras, que cuentan con el apoyo del Estado malayo. Las confrontaciones causaron varios muertos, muchos heridos y detenciones masivas entre los indígenas.

Los penan especialmente llamaron la atención nacional e internacional, cuando se resistieron a la tala en sus territorios de Baram, Limbang, Tutoh y Lawas. Tanto los penan asentados como las comunidades de nómadas y seminómadas dependen de los productos forestales, y por eso la tala en gran escala provocó la contaminación de las zonas de captación de agua, la escasez de jabalíes, ciervos y otra caza, la escasez de árboles frutales y plantas utilizadas para la medicina tradicional, la destrucción de sus lugares de entierro y la pérdida de ratán y otros productos forestales.

También todos los indígenas apoyados por activistas e importantes ONGs se han resistido a la construcción de represas, como la de Murum, que tuvo un triste final cuando en septiembre de 2013 se inició el embalse y la policía comenzó a hostigar y arrestar a los opositores indígenas. Las comunidades se tuvieron que trasladar al lugar de reasentamiento de Tegulang, a pesar de las quejas sobre la deficitaria construcción y la falta de medios de vida alternativos disponibles en el momento.

En diciembre de 2013, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas se reunió con comunidades de las nueve poblaciones afectadas. En su declaración al final de su misión, el Relator Especial señaló que el principio del consentimiento libre, previo e informado “...exige que cualquier opción que se proponga a las comunidades indígenas debe ir acompañada por una serie de opciones alternativas, para que puedan hacer una verdadera elección, y que se les debe informar plenamente de las consecuencias a largo plazo de dicha elección para sus medios de vida. No es suficiente consultar a las comunidades sobre las consecuencias de las opciones de desarrollo que se han adoptado en su nombre sin su participación: por el contrario, deben tener el derecho a oponerse al proyecto propuesto”. La reciente decisión del gobierno malayo al suspender las obras de la represa de Baram, parece -al menos por el momento- darle la razón a estos argumentos.

Fuentes: Survival/http://www.iwgia.org/ http://wrm.org.uy/oldsite/boletin/180/Malasia.htmlhttp://bloglemu.blogspot.com.ar/
Fecha: 28/12/2015