En Argentina, la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas sigue marcada por retrocesos, incumplimientos y una deuda histórica que aún no se salda.

A pesar de que la Constitución Nacional, en su reforma de 1994, reconoce explícitamente sus derechos, incluyendo su preexistencia, el respeto a su identidad y la posesión comunitaria de sus tierras, la realidad muestra un panorama desalentador.

La deuda histórica con los Pueblos indígenas en Argentina sigue siendo parte de lo cotidiano. Pese a que existe legislación nacional y acuerdos internacionales que garantizan el respeto y protección de sus derechos, en la práctica estos compromisos frecuentemente se quedan solamente en papel.

Desde la falta de consulta libre, previa e informada en proyectos extractivistas, pasando por la omisión de servicios básicos en sus territorios, hasta la negación de una resolución mundial sobre derechos indígenas.

El incumplimiento de estos derechos y la consecuente invisibilización de estos Pueblos no solo representan una violación legal, sino también una fractura ética y moral. Las Comunidades no solo poseen derechos históricos sobre sus territorios, sino que su conocimiento ancestral y su relación con su entorno son fundamentales para enfrentar muchos de los desafíos globales como la crisis climática, aspectos que marca frecuentemente el Papa Francisco en declaraciones y escritos. En este contexto, los Pueblos y sus Comunidades en cada provincia siguen resistiendo. Exigen el cumplimiento de lo que les corresponde y visibilizan una lucha que no es solo territorial, sino también cultural y de supervivencia.

El gobierno nacional, en su accionar, propicia la inseguridad y vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios ancestrales.

Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) observamos con preocupación las acciones que, en forma constante, ejecuta el gobierno nacional en contra de los derechos de los Pueblos Indígenas, tanto en el orden nacional como internacional y lamentamos la posición asumida por Argentina en la Asamblea General de Naciones Unidas del 11 de noviembre del corriente año, en la que ha sido el único país en votar en contra de una resolución sobre derechos indígenas, cuyo objetivo es reforzar el compromiso de los países miembros de proteger y promover los derechos de las Comunidades en áreas como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas. Este voto negativo es un nuevo avance en contra del reconocimiento de los derechos indígenas consagrados en nuestra Constitución Nacional desde hace 30 años, sumado a los retrocesos en políticas públicas que se han ido desfinanciando en detrimento de los intereses de los Pueblos Indígenas, en un contexto de fuerte impulso de un modelo productivo extractivista solo posible con el avance sobre los territorios. Este voto negativo no solo implica fijar una posición en el ámbito internacional respecto a los derechos indígenas, sino que refuerza en el ámbito interno la negación de su preexistencia étnica y cultural, de sus instituciones, del derecho a la participación y consulta en todos los actos y decisiones que afecten sus intereses. La inminente caducidad de la Ley 26.160 de emergencia territorial de los Pueblos Indígenas nos hace prever un escenario de mayor conflictividad y vulnerabilidad, que exige un compromiso serio y concreto del Estado nacional y los Estados provinciales en tanto es una obligación constitucional y convencional ineludible. Ya lo expresó el Papa Francisco: “Pido a los gobiernos que reconozcan a los Pueblos Indígenas de todo el mundo, con sus culturas, lenguas, tradiciones y espiritualidades, y que se respete su dignidad y derechos con la conciencia de que la riqueza de nuestra gran familia humana consiste precisamente en su diversidad”. Por todo esto, llamamos al diálogo abierto y sincero, pero desde la base del reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. Nos vemos en la necesidad de reforzar nuestro compromiso en las históricas reivindicaciones de los derechos de los Pueblos y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado como garante de los mismos. Los Pueblos Indígenas son preexistentes y tienen derechos. Abogamos por una Nación donde el diálogo y el respeto por el otro sean prioridad.

Por ENDEPA
Fecha: 02/12/2024