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El reciente bloqueo a la entrada del yacimiento Loma de la Lata de YPF por parte de la comunidad mapuche Paynemil, desnuda los conflictos territoriales pendientes en Neuquén. Nuestra corresponsal en esa provincia echa luz desde una perspectiva temporal más amplia

Las noticias de los conflictos por el mantenimiento del territorio o por la recuperación de los mismos que muestran los medios de comunicación más leídos, donde están implicadas las comunidades mapuches de Neuquén, tienen su raíz en la historia de una provincia que se inicia como tal en el año 1961, con un partido político que ha administrado hace más de cincuenta años los destinos de la provincia y que en la actualidad ha desplazado las estructuras técnicas, jurídicas relacionadas con los intereses de los ciudadanos poniendo el acento en intereses políticos para perpetuarse en el poder. En la economía generada por el petróleo distribuye las regalías para gastos corrientes que favorecen el interés propio.

En el marco de una asimetría de poder, las comunidades mapuches se confrontan frente al mayor poder político-económico. En derechos indígenas sobre las tierras ancestrales, no existe seguridad jurídica, esto favorece el avance de los proyectos de la industria extractiva sin consentimiento libre previo informado (James Anaya 2012) y el consecuente desalojo de los habitantes de los territorios asignados a esos emprendimientos. El gobernador Sapag ha expresado abiertamente…”No le vamos a negar a nadie su derecho a asociarse; pero vamos a ser defensores de la soberanía hidrocarburífera de la provincia”.

Estas prácticas han producido desplazamientos de los habitantes que históricamente han desarrollado la vida comunitaria por generaciones y han tenido que migrar a lugares muchas veces inhóspitos con problemas de escasez de agua y por consiguiente de pastos para los animales, tratándose de familias transhumantes que han vivido durante siglos como crianceros.

La Ley 26160 ordena la suspensión de desalojos de comunidades indígenas por un período de cuatro años y encarga al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) la realización de un “relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominal de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas” (art. 3). La Ley 26554 de 2009 prorroga los plazos de la Ley 26160 por cuatro años, hasta 2013. Ya se prorrogó dos veces.

Se estima que de 57 comunidades, sólo 23 han sido relevadas. En el año 2013, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de la Patagonia, registró 347 habitantes mapuches imputados por el delito de usurpación. Hay una evidente criminalización y judicialización de las manifestaciones del pueblo mapuche que resiste los desalojos.

“La provincia de Neuquén ha creado reservas de tierras a favor de comunidades indígenas desde la emisión del Decreto Nº 737 de 1964. El decreto dispuso la titulación de unas 40 comunidades indígenas en la provincia. Sin embargo, se ha reportado que aún en estas comunidades, todavía existen algunos conflictos con propietarios privados” (Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya 2011)

En el caso de la comunidad Paynemil en el año 1960 fueron desplazados de sus tierras, los expropiaron por las minas y los ubicaron en Planicie Banderita, ahí sufren otro desplazamiento por la construcción del lago artificial al lugar actual, en dónde en el año 1995 se constató contaminación de la napa freática por la actividad hidrocarburífera de la zona, afectando la salud de sus integrantes. Hoy exigen que se complete el relevamiento territorial de sus tierras, que no son ancestrales por lo expresado anteriormente.

La negociación e interacción con el Estado trae como consecuencia tensión y conflictos entre cosmovisiones y lógicas de organización y estructuras organizativas diferentes.

Fuente: Edilia Igor Fecha: 12/9/2015

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