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Es necesario revertir la tendencia de muchos fallos judiciales que anteponiendo su visión occidental y paternalista, no tienen en cuenta el origen indígena de los niños quitándolos del seno familiar sin respetar sus derechos colectivos de pueblos originarios

La decisión de una jueza de familia de Tartagal de quitar la guarda de un niño a una familia guaraní que lo estaba criando y de enviarlo a un Hogar de Menores, suscitó un conflicto entre la Justicia y la comunidad indígena que reclama se respete la identidad cultural (tanto del niño como de su entorno), que se reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios y que se restituya al chico.

El conflicto se desató cuando el Juzgado de Familia, a cargo de la jueza Julia Carmen Elena, ordenó el pasado 28 de enero se le retire la guarda (provisoria) del nene guaraní de casi dos años y medio al matrimonio de Mónica Alicia Pestaña y José Campos Flores , por "falta de DNI", y lo envió a un Hogar de Menores en Tartagal.

La magistrada ordenó la institucionalización del niño por considerar que la familia "no logra advertir la importancia de realizar el trámite del documento del niño", por lo que infiere "que no saben priorizar el bienestar" del mismo, sin tener en cuenta y pasar por alto el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios reconocidos tanto en las constituciones provincial, nacional y convenios internacionales, referidos al respecto.

La familia guaraní, de la comunidad Misión Cherenta (donde viven unos 6.000 guaraníes), de Tartagal, reclama que la Justicia le restituya la guarda del bebé que estaban criando y tenían bajo su cuidado, en total conformidad de su madre biológica que no podía hacerse cargo de la crianza del menor.

Mónica y José, que son los padrinos del niño, tienen 7 hijos, pero solo dos que son menores viven con ellos, y 14 nietos. Ella percibe una pensión de madre de siete hijos, él es oficial albañil y ha sido encargado de obras en algunas empresas del rubro.

Si bien la institucionalización corre por cuenta de la Justicia, el Ministerio Público lleva adelante la defensa de la familia, a cargo del Defensor Oficial de Tartagal, Luis Alberto Solórzano.

El defensor indicó que entiende que la funcionaria judicial interpretó "con excesivo rigor formal" el artículo 611 del Código Civil y Comercial (CCC), "al considerar que hubo una entrega directa" del niño, a una familia cuyos miembros no son parientes directos.

Por otro lado, la magistrada "tendría que haber tenido en cuenta el artículo 607, del mismo código, que dice que no se podrá hacer la declaración en abandono del chico en adopción si hay un pariente o un referente afectivo".

"En la apelación estamos pidiendo que al ser del pueblo guaraní tendrían que tener en cuenta el concepto de identidad dinámica, el cual comprende todo el bagaje espiritual, intelectual, político a través del cual el individuo se proyecta socialmente al exteriorizar de alguna manera estos aspectos propios de su personalidad", agregó.

El defensor indicó que la señora Pestaña "entregó el certificado de nacido vivo a la Asesoría de Menores, quien asumió la obligación de realizar el DNI del niño, y ahora se la culpa a ella de no hacerlo, cuando en realidad es la propia Asesoría quien tenía que hacerlo, y es una falta administrativa propia", afirmó.

Entre los argumentos de la defensa, también, se pide que la Justicia reconozca los Derechos Consuetudinarios de los pueblos indígenas, que son normas jurídicas que no están escritas pero se cumplen porque en el tiempo se han hecho costumbre cumplirlas; estas son una fuente del derecho, también llamados de usos y costumbres.

Dichos derechos están reconocidos, en el artículo 15 de la Constitución Provincial de Salta, en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por su parte, José Campos Flores, padre de la familia que cuidaba del niño hasta que la funcionaria judicial se los sacó contó que "cuando el nene tenía como dos meses y medio la madre (biológica) nos dijo que quería que lo tengamos, porque ella se iba permanentemente por tres o cuatro días y lo dejaba solo a él y a su hermanito, al que dejó con otros tíos".

La madre le hizo entrega de la documentación del niño, Estadístico de Nacido Vivo y Carnet de Vacunación, para que ellos se ocupen de hacerle el DNI y llevarlo al médico.

"Mi señora lo llevó al hospital, le explicó la situación a la asistente social e inmediatamente se pusieron en contacto con el juzgado de menores, y desde ese momento fuimos todas las veces que nos citaron", relató Flores.

El juzgado le dio al matrimonio la tenencia provisoria y José asegura que desde la Asesoría de Menores se habían comprometido a realizar los trámites para el documento: "Nos quitaron al bebé porque no tenía DNI, pero ellos nos dijeron que lo iban a hacer. Yo siempre les preguntaba como iba el trámite y ellos no me respondían", aseguró compungido.

"La Justicia desconfía de que podamos hacernos cargo del nene, pero nosotros somos sus padrinos y desde que nació tenemos vinculación familiar con él. Es más, el único bebé de la casa era él, por eso para nuestra familia es un golpe muy fuerte que nos dieron, porque nos arrancaron a uno de los nuestros y no vamos a dejar de luchar para tenerlo nuevamente", afirmó.

Desde que el nene fue alojado en el hogar de menores la familia no lo puede ver: "Vamos al hogar todos los sábados, domingos y todas las veces que podemos. Le llevamos pancito casero, torta fritas y otras cositas que a él le gusta, pero no nos dejan verlo, nos dicen que está yendo la madre biológica a verlo, pero eso es mentira, y no sabemos cómo se encuentra", afirmó.

Si bien se sabe de dos casos más de niños wichís que fueron institucionalizado sin tener en cuenta el aspecto cultural de la familia, otro chico lleva diez años institucionalizado en un Hogar de Menores, separado de su entorno familiar.

Son más los casos donde la Justicia de Salta interpreta los derechos de los niños, sin tener en cuenta el origen indígena de los mismos, anteponiendo su visión occidental y paternalista, y peor aún quitando a los niños del seno familiar para depositarlos en Hogares de Menores, sin respetar los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Por Carlos Catrileo
Fecha: 18/4/2016

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