El 23 de noviembre de 2010 la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh, -La Primavera- fue reprimida por la policía de Formosa, que desalojó el corte de la ruta 86 que mantenía hacía más de cuatro meses por un reclamo territorial.

Los hechos ocurridos en esa jornada mostraron un ensañamiento extremo contra la Comunidad y un patrón de impunidad para los autores de la violencia.

La Comunidad reclamaba contra la expropiación de su territorio, amparándose en la Ley de Emergencia Territorial, del cual había sido arbitrariamente despojada a favor de la Universidad Nacional de Formosa (600 hectáreas) y de la familia Celía, ligada al poder político provincial. “A través de esa decisión política que tomó el gobernador Gildo Insfrán, el mismo Cecilio Celía le dona nuestro territorio a la provincia y la provincia le cede a la Universidad Nacional de Formosa un territorio de 600 hectáreas, propiedad de la Comunidad.

Esas acciones produjeron las medidas de fuerza que duraron casi cinco meses en la ruta, acampando, reclamando diálogo para la restitución de ese territorio, pero solo obtuvimos represión”, cuenta Félix Díaz, presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina y Qarashé de la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh.

“El 22 de noviembre vino el comisario Caje a constatar la denuncia que hizo la familia Celía diciendo que había un corte de alambrados; la figura que se puso fue daño a la propiedad privada. En esa intervención hubo algunos forcejeos con la policía de la provincia. Los efectivos cuando vieron la cantidad de personas que se acercaron, huyeron del lugar y tiraron dos armas de fuego reglamentarias.

También la familia Celía, que estaba en ese momento, se fue del lugar, pero antes me dispararon. Fueron siete disparos, por suerte no me tocó ninguna bala”, cuenta Díaz y amplía “luego se produjo la orden judicial, a través del Juez Julio Raúl Mauriño, que vino acompañado de cientos de policías y varios gendarmes.

Entre esa gente había civiles, periodistas, ambulancias, colectivos llenos de efectivos, la montada. Era un ejército, para desalojar el corte de ruta. Pero nunca hemos visto una orden de un juez federal que ordene el desalojo o allanamientos en búsqueda de esas armas que fueron arrojadas por los mismos policías”.

Durante esa tarde del 23, la Comunidad fue atacada con gases lacrimógenos, balas de plomo y de goma, atropellada por la policía montada y atacada a palazos. Sus miembros fueron perseguidos por los efectivos policiales dentro del monte, que incendiaron varias viviendas.

Mujeres y niños fueron llevados detenidos en camiones traídos por la policía, muchas personas resultaron heridas. En el marco de la persecución fue asesinado por las balas policiales el abuelo Roberto López. Poco después se sabría que también fue asesinado el policía Eber Falcón.

La Comunidad denunció que fue víctima de sus propios colegas, pero la Justicia imputó a quienes habían sufrido la represión. Al día siguiente -24 de noviembre- Mario López, del Pueblo Pilagá, fue atropellado por un patrullero cuando se dirigía a solidarizarse con la gente de La Primavera.

La Justicia formoseña, aliada al poder ejecutivo, nunca investigó la responsabilidad de los ataques sufridos por la Comunidad y las dos muertes que ocurrieron allí permanecen impunes. En cambio, imputó a su líder Félix Díaz y a una veintena de miembros de la Comunidad por usurpación y otros delitos, hasta que en 2012 fueron sobreseídos por falta de pruebas.

Doce años después de aquellos incidentes la Comunidad sigue resistiendo el asedio del poder político provincial y no tiene tranquilidad en el ejercicio de la posesión territorial. Sin embargo, abrió con su lucha -que incluyen acampes en Buenos Aires, junto a sus hermanos Pilagá, Nivaĉlé y Wichí- el camino a la discusión de una ley de Propiedad de Territorios Comunitarios Indígenas.

Por ENDEPA
Fecha: 30/11/2022