Finales de 2022 y principios de 2023 encuentran a los Pueblos Indígenas de América Latina sacudidos por una escalada de conflictos políticos y sociales que amenaza la implementación efectiva de sus derechos.

A continuación compartimos el análisis realizado por IWGIA sobre algunos de los principales acontecimientos ocurridos en los últimos días y semanas en Brasil, Perú y Colombia, sus implicaciones para los Pueblos Indígenas y la agenda de resistencia de los movimientos y organizaciones indígenas frente a la intensificación de los conflictos en la región.

Brasil: Entre la esperanza y el intento de golpe de Estado

La victoria electoral de Luiz Inácio “Lula” da Silva en octubre pasado aumentó las expectativas de los Pueblos Indígenas y activistas climáticos sobre dos de sus promesas clave de campaña: "Deforestación cero" de la Amazonía y la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas. Al mismo tiempo, la capacidad de Lula para implementar realmente estas medidas ha sido recibida con inquietud, ya que los diputados del expresidente Jair Bolsonaro están tratando de mantener políticas en el Congreso que son destructivas para los derechos de los Pueblos Indígenas y la biodiversidad .

Unos días antes de jurar como presidente, Lula nombró a tres representantes indígenas como funcionarios en el nuevo gobierno de Brasil: Sônia Guajajara fue nombrada Ministra de Asuntos Indígenas; Joênia Wapichana como Presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI); y Weibe Tapeba como Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai). Asimismo, a principios de enero, Noruega anunció la reactivación de fondos internacionales para combatir la deforestación en la Amazonía. El escenario en ese momento parecía alentador para los defensores indígenas y ambientales.

Pero el estado de ánimo optimista no duró mucho. En la tarde del 8 de enero, una semana después de la toma de posesión de Lula, partidarios de Bolsonaro tomaron la sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Brasil para resistir al nuevo gobierno y forzar la destitución de Lula.

Perú: Crisis política y social

A principios de diciembre, el Congreso destituyó a Pedro Castillo, quien ocupaba la presidencia desde mediados de 2021. Los diputados alegaron "incapacidad moral permanente" tras la decisión de Castillo de disolver la casa e instalar un gobierno de emergencia. Desde entonces, los ojos de la comunidad internacional se han centrado en la profunda crisis política y social que vive el país, que ya se ha cobrado la vida de cerca de 50 personas durante multitudinarias protestas. Actualmente, el país es gobernado por la vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte.

Además de la represión violenta, activistas indígenas llaman la atención sobre un proyecto de ley que pondría en peligro la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial en la Amazonía peruana.

Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otras personalidades internacionales, IWGIA envió un comunicado al Congreso peruano y al Poder Ejecutivo rechazando la iniciativa y exigiendo el cese de la persecución a las personas defensoras de los derechos de los Pueblos Indígenas de la amazonia peruana.

Colombia: La necesidad de construir la paz

La violencia del conflicto armado continúa en Colombia a seis años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En 2022 hubo 94 masacres en el país con un total de 300 víctimas, según datos del Observatorio de Derechos Humanos, Conflicto y Paz . Además, 8.000 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados a la fuerza por grupos armados ilegales desde 2016. La Fiscalía General ha precisado que el 9,2% de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y el 6,6% son afrodescendientes.

En la víspera de Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno había acordado bilateralmente un 'cese al fuego' con cinco organizaciones armadas hasta junio de 2023, con posibilidad de prórroga a medida que avancen las negociaciones. El acuerdo forma parte de la política de 'paz total' impulsada por Petro desde que asumió el cargo en agosto de 2022.

Sin embargo, a principios de enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desmintió el acuerdo bilateral y el gobierno terminó por dar marcha atrás en el anuncio.

Por IWGIA
Foto: Paro Nacional en Perú, carretera Pativilca-Huaraz. Crédito: John Mandamiento
Fecha: 03/02/2023